El gobierno de la provincia de Shaanxi indicó que ha “llegado a un acuerdo” con la familia para evitar un proceso judicial
El gobierno local chino que obligó a una madre a abortar de siete meses y cuyo caso provocó críticas internacionales llegó a un acuerdo con la familia para evitar un proceso judicial, tras compensarles con 70 mil yuanes (unos 11 mil dólares), anunció hoy Pekín.
En una escueta nota publicada por la agencia de noticias oficial Xinhua, el gobierno de la provincia de Shaanxi indicó que ha “llegado a un acuerdo” con la familia para evitar un proceso judicial.
Ello se produce un día después que la familia anunciara que exigiría reparaciones ante la justicia china por el daño causado por las autoridades tras obligar a Feng Jianmei a abortar de siete meses, en un caso que recibió la atención mundial después de que se publicaran las fotos de la joven madre con el feto.
La imagen de Feng, exhausta, en la cama de un hospital junto al feto de siete meses provocó un gran escándalo en China y en el extranjero, y puso de manifiesto la crudeza con que Pekín aplica en ocasiones la política del hijo único.
En vigor desde 1978, cuando Pekín decidió poner freno a los excesos demográficos del maoísmo, la política del hijo único ha provocado el rechazo de muchos grupos sociales dentro y fuera de China, en especial en el medio rural.
El abogado ciego y activista Chen Guangcheng, exiliado en Estados Unidos, ha sido uno de los principales denunciantes de ese tipo maniobras.
La lucha contra este tipo de excesos por parte de las autoridades (esterilizaciones masivas y forzosas, abortos aplicados a madres de hasta ocho meses de embarazo, homicidio de recién nacidos, torturas y amenazas) fue lo que provocó que Chen fuera condenado a 51 meses de prisión en 2006.