*Por su magnitud, hay crímenes contra el derecho humanitario –como la desaparición de los 43 muchachos de Iguala hace 18 días; como las desapariciones, asesinatos, tortura, “vuelos de la muerte” y militarización de poblados enteros hace 40 años.
Chilpancingo, Gro. Por su magnitud, hay crímenes contra el derecho humanitario –como la desaparición de los 43 muchachos de Iguala hace 18 días; como las desapariciones, asesinatos, tortura, “vuelos de la muerte” y militarización de poblados enteros hace 40 años, en Guerrero– donde la reparación del daño al que el Estado está obligado es imposible cubrir. “Simplemente no hay modo, por la profundidad del daño causado a las víctimas y a la sociedad”, afirmó hoy el presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad) para este estado Enrique González Ruiz al presentar ante los poderes legislativo y judicial locales el informe final del organismo.
Entre sus recomendaciones, Comverdad propuso que se apliquen los criterios de la justicia universal para la reparación integral. Esta comprende la reivindicación de las víctimas, a quienes las autoridades y la prensa de aquellos tiempos (196-1979) llamaban “maleantes”, “gavilleros” o “robavacas”, devolviendo su dignidad de ciudadanos y luchadores y honrando su memoria en distintos ámbitos.
Se recomienda también que se designen e identifiquen con claridad quienes fueron durante esa etapa conocida como de “guerra sucia” víctimas y victimarios de este periodo, Comverdad propuso que el Congreso del estado guerrerense retire la placa conmemorativa del Ejército mexicano, en virtud de que fue ejecutor de la mayor parte de los casos de violaciones a los derechos humanos. La placa está exhibida en un muro de honor de la sede del poder legislativo estatal.
El informe de Comverdad fue leído esta mañana en el Tribunal de Justicia del Estado. En él se recomienda que el Congreso de Guerrero se aboque “con urgencia” a reformar las leyes necesarias para contar con el marco legal necesario para la tipificación del delito de desaparición forzosa. Estas modificaciones del código penal local deberán ajustarse a los criterios de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, que incluye decretar la imprescriptibilidad del delito; la prohibición de incinerar cuerpos de personas que se sospeche puedan estar relacionadas con un caso de desaparición; la sanción a policías que no pongan de inmediato a disposición del Ministerio Público a las personas detenidas.
Una vez concluida la labor de la Comverdad, según la ley orgánica de la institución, los organismos de procuración de justicia del Estado deben ejercer acción penal sobre los responsables de los hechos denunciados.
González Ruiz, presidente de Comverdad, amplió el sentido de esta propuesta de reparación del daño integral, afirmando que “es inaceptable” que existan monumentos y vialidades con los nombres de ex presidentes y gobernadores de ese período claramente vinculados con las políticas antisubversivas que derivaron en crímenes lesa humanidad.
El periodo investigado corresponde a las administraciones de Gustavo Diaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez y a las gubernaturas de Israel Nogueda Otero y Rubén Figueroa.
El diputado Bernardo Ortega, presente en el acto, se retiró casi inmediatamente después. Abordado por los reporteros sobre el particular, prometió que los legisladores “analizarán” la recomendación.
Otra recomendación señala que es obligación del Estado mexicano indemnizar financieramente a los sobrevivientes de desapariciones forzadas temporales y a las comunidades que sufrieron el acoso de los militares. En este último caso, puntualizó la abogada Pilar García Noriega, la indemnización puede darse en forma de obra pública, introducción de agua y luz, por ejemplo, a las poblaciones de la Costa Chica, Costa Grande, región Acapulco-Coyuca, Iguala-Chilpancingo y Montaña-Huamuxtitlán que quedan en alguna de las 18 rutas del conflicto armado y que por décadas han permanecido sin atención de los gobiernos estatal y federal.
Por su parte, Hilda Navarrete, comisionada de la insitución, recordó que lo que sucedió en Guerrero en el pasado “no fue una guerra sucia; ese es un término acuñado por el gobierno. Lo que hubo fue una represión generalizada contra el pueblo pobre, campesino y urbano, del estado”.
Señaló que las políticas antisubversivas del Estado tampoco terminaron en 1979 sino que continuaron hasta principios de los ochenta. “Al fallar la justicia y encubrirse los hechos las heridas siguen supurando. Esto ha incubado una gran desconfianza, esa misma desconfianza que llevó a los guerrerenses de aquellos años a tomar las armas por su sed de justicia, una justicia que aun hoy no se conoce”.