Un fiscal federal en Texas asegura que el inmueble, con un valor aproximado de 640 mil dólares, se compró con dinero procedente del narcotráfico y a través de Napoleón Rodríguez, presunto prestanombres del ex gobernador de Tamaulipas
Tras un proceso de más de medio año, un juez federal de una corte en Texas ordenó hoy la confiscación formal de un condominio de lujo que, según un fiscal federal de Estados Unidos, es del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
«El gobierno de Estados Unidos sostiene, como argumento para oficialmente confiscar el condominio, que la (adquisición de la) propiedad forma parte de una transacción de lavado de dinero, y que los fondos para la compra de la propiedad provienen del tráfico de drogas y del intercambio de sustancias controladas», informó el fiscal a cargo del caso, Kenneth Magidson.
El fiscal federal señaló que se determinó hacer la confiscación del condominio, luego de concluir que, aunque las escrituras de la propiedad no están a nombre de Yarrington sino el de Napoleón Rodríguez, este último es un prestanombres del ex gobernador.
«La demanda sostiene que el condominio fue pagado en su totalidad con dinero que le dió Yarrington a Rodríguez, además de que todos los gastos de mantenimiento e impuestos de la propiedad siempre fueron cubiertos por el ex gobernador», asegura el fiscal federal estadunidense.
Tras la confiscación de éste condominio de lujo, en la Isla del Padre, el gobierno federal se hará cargo de su venta en subasta pública y la posterior liquidación de deudas en impuestos y servicios.
En su resolución, el magistrado Nelva González Ramos, del distrito de Corpus Christi, en Texas ha señalado que el condominio, con un valor aproximado de 640 mil dólares, se compró con dinero procedente del narcotráfico y a través de Napoleón Rodríguez, presunto prestanombres de Yarrington.
A pesar de que el abogado del ex gobernador, Joel Androphy, ha rechazado en reiteradas ocasiones cualquier vínculo de su cliente con la propiedad que ha sido confiscada, el Departamento de Justicia ha decidido mantener la demanda civil contra el ex gobernador por la presunta adquisición de propiedades en el estado de Texas, Estados Unidos, por medio de prestanombres y con dinero ilícito.