Madrid, (apro).- El presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, sigue sin dar la cara desde la sesión de investidura, y no lo hará sino hasta el mes de febrero, después de participar en la cumbre de la Unión Europea.
Para entonces habrán pasado 40 días desde su investidura como presidente del gobierno español.
Así lo confirmó hoy la vicepresidenta de gobierno y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, quien compareció al término del tercer consejo de ministros para dar a conocer una nueva batería de medidas de ajuste para hacer frente a la crisis española.
Anunció que limitarán el uso de efectivo para evitar el fraude fiscal, por lo que espera recaudar cerca de 8 mil 200 millones de euros este año.
Esta medida, ya aplicada por Francia e Italia, se centra principalmente en luchar contra la economía sumergida y los paraísos fiscales.
Desde su mensaje de investidura, el 20 de diciembre, Rajoy no ha vuelto a comparecer ante el Congreso de los Diputados, ni ante los medios, para explicar las duras medidas de ajuste decididas por su gobierno.
Sólo apareció el 21 de diciembre para anunciar su gabinete, pero no admitió preguntas; bueno, una, a la que solo respondió con un lacónico: “Gracias”.
El tema ha estado presente en los corrillos políticos y en la prensa, sin embargo, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría aclaró hoy que lo hará hasta después de su cita en la cumbre de la Unión Europea, a celebrarse el 30 de enero.
Se hará así por un asunto de “economía procesal”, dijo. Incluso, argumentó que así será porque la cumbre europea es “clave y determinante para las financias españolas”.
Hoy, tras el tercer consejo de ministros, Sáenz de Santamaría reiteró que la situación de la crisis en España es “excepcional” y por tanto, “las medidas serán “más duras de lo previsto”.
En principio, anunció que la seguridad social terminó 2011 con un déficit de 0,06%, que representan 668 millones de euros, sin embargo, llamó a la calma a los pensionistas y aseguró que todos van a cobrar “sin problemas”.
Dijo que estos datos no se corresponden con los informes del gobierno anterior, que aseguró se tendría un superávit de 0,4% en la seguridad social.
En relación al Plan General de Control Tributario, la vicepresidenta explicó que tiene como fin limitar el uso de efectivo de determinadas transacciones, particularmente las realizadas con billetes de alta denominación (principalmente con billetes de 500 euros), que son frecuentes en la economía sumergida.
Esta medida pretende detectar las áreas donde se producen las grandes bolsas de fraude fiscal.
Este plan incluye la intensificación en la lucha contra el incumplimiento tributario y la colaboración de la Agencia Tributaria con organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social.
España pedirá información fiscal a países antes considerados paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y las Antillas holandesas.
Asimismo, informó que el gobierno pedirá información al Banco de España sobre las retribuciones de los directivos de las entidades financieras (las cajas de ahorro) que fueron intervenidas.
El propósito es que “no se premie” a aquellos directivos de las cajas y entidades financieras que las colocaron en situación problemática.