Crean unidad de fiscalización que investigará compras mayores de joyas, inmuebles, transacciones con tarjetas, apuestas y donaciones.
Después de dos años de discusión en el Congreso, el Senado aprobó ayer por unanimidad la ley contra lavado de dinero, que obliga a las entidades financieras a reportar operaciones sospechosas en compra y venta de bienes muebles e inmuebles para ser investigadas por la PGR y la Secretaría de Hacienda, a fin de impedir blanqueo del crimen organizado en actividades vulnerables o financiar terrorismo.
El dictamen se aprobó con 111 votos a favor en lo general, luego de que en tribuna los grupos parlamentarios concluyeron que no se violan los derechos humanos y con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia se dota de dientes al Ejecutivo para combatir el crimen organizado, golpeando su brazo financiero con mecanismos de prevención en el uso del flujo en efectivo.
La reforma crea la Unidad de Fiscalización de la Procuraduría General de la República y establece un catálogo de actividades vulnerables, que serán sujetas de investigación por parte de las Secretarías de Hacienda y de la PGR cuando rebasen los montos fijados en esta ley, a fin de evitar que a través de la compra de casas, joyas, traslado de valores, cesión de propiedades, compras con tarjetas de crédito o débito, juegos de sorteos, avalúos, donaciones y otras, el crimen organizado blanquee dinero ilícito.
La ley establece que las entidades financieras y entes comprendidos en esta norma, como joyeros, agencias automotrices, fedatarios, empresas que trasladan valores, entre otras, deberán llevar un registro de sus clientes —a quienes pedirán copias de sus identificaciones— y reportar a Hacienda las ventas que se realicen en efectivo por encima de los montos establecidos para que la autoridad gire avisos y realice los reportes
de investigación.
En el dictamen se explica que la intención es “restringir el uso de efectivo en determinadas operaciones vinculadas a activos considerados de alto valor, para obstaculizar al crimen organizado a colocar el alto volumen de efectivo que genera su actividad criminal, dentro de la economía formal, así como limitar, en la medida de lo posible, que lleve a cabo actividades de lavado de dinero protegido por el anonimato que el uso del efectivo permite”.
LOS EXCEDENTES
En tribuna, la priista presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, hizo notar que estudios de la DEA y la Secretaría de Hacienda muestran que en la economía mexicana existe un excedente de entre 9.2 y 10.2 mil millones de dólares que no justifican una fuente legítima.
Asimismo, un reporte del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados refiere que el lavado de dinero en el mundo puede representar entre 2 y 5 por ciento del PIB global, es decir, entre 19 mil y 29 mil millones de dólares
Al fundamentar el dictamen, la senadora afirmó que es necesario salvaguardar la integridad del sistema financiero y dejar de hacerlo flanco fácil y vulnerable, a sucesos como los referidos.
“No hay forma de ir en contra de la delincuencia organizada si no se lastima las finanzas que las sustentan, en la detección y prevención pero de manera fundamental en el desmantelamiento de las mismas”, agregó.
El presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, aclaró que no se violan derechos humanos de los ciudadanos, porque se establecen controles estrictos en la confidencialidad sobre avisos y reportes de los suje-
tos obligados.
A su vez, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas, destacó que después de dos años “cerramos un debate legislativo y ahora sí no hay pretexto para que las PGR y Hacienda actúen de manera coordinada para desmantelar las redes del narco, esta ley está sujeta a prueba y conocemos la preocupación de sectores de economía como industria automotriz y joyera, pero estamos convencidos que una vez sea sometida a prueba, se le pueden hacer ajustes”.
Comienza proceso de elección de ministros
El pleno del Senado aprobó el acuerdo para procesar la elección de los dos ministros que cubrirán las vacantes de Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo encargo concluye el próximo 30 de noviembre.
Tras recibir las propuestas, el pleno las turnó a la Comisión de Justicia, donde serán convocados a comparecer, se hará un dictamen y se les citará a exponer ante el pleno su proyecto.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, aseguró que los seis magistrados que el presidente Felipe Calderón incluyó en las ternas cuentan con el más alto nivel y experiencia probada en la carrera judicial.
Expresó que el gobierno federal es respetuoso de las decisiones de los senadores, pero se ha dialogado con ellos del planteamiento enviado el miércoles por el Ejecutivo.
A pregunta expresa sobre si el presidente Calderón consultó con el presidente electo, Enrique Peña Nieto, el nombre de quienes integraron las ternas, respondió: “hay un diálogo político permanente y precisamente la garantía del diálogo político permanente, es el ser discretos respecto a la ausencia o presencia de contenidos específicos”. Angélica Mercado, Omar Brito y Lorena López/México
Los límites legales
-La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia fija límites para uso de efectivo en las siguientes compras que, de ser rebasadas, serán objeto de reporte a Hacienda para ser investigadas.