*La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se deslindó de los “hechos delictuosos”…
OAXACA, Oax. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se deslindó de los “hechos delictuosos” y presuntas violaciones a los derechos humanos de 37 migrantes centroamericanos, pese a que las investigaciones apuntan que aquéllos fueron extorsionados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
Además, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) señaló que las autoridades municipales de Ocotlán de Morelos podrían haber incurrido en falta al retener a los indocumentados sin que cometieran delito alguno.
El organismo solicitó la libertad inmediata de los detenidos, pero aquéllos fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) después de 24 horas.
Por lo pronto, la DDHPO emitió medidas cautelares para los 37 migrantes detenidos en Ocotlán y solicitó a la PGJE un informe sobre el posible hostigamiento por parte de policías.
Además, inició de oficio el expediente DDHPO/897/(16)/ OAX/2015 para investigar posibles violaciones a sus derechos humanos.
El único síndico municipal de Ocotlán informó a los dos visitadores de la DDHPO que la detención de los migrantes se realizó después de que recibieron una llamada en la que pedían la intervención de las autoridades, porque unas personas escandalizaban en las inmediaciones del CBTIS de la comunidad.
Sin embargo, la Defensoría documentó que después de ser retenidos en Ocotlán por la policía municipal, con la participación de elementos de la AEI y de la Policía Estatal, los indocumentados fueron trasladados en un primer momento a las instalaciones de la PGJE.
En la dependencia no los quisieron recibir por considerar que no había delito que perseguir, por lo que fueron llevados al INM y ahí tampoco los recibieron, debido a que no presentaron ningún certificado médico.
Los migrantes narraron a la DDHPO que el autobús en el que viajaban fue interceptado por presuntos elementos de la AEI, quienes los llevaron al baratillo de Ocotlán.
En este sitio los amagaron con armas de fuego y les exigieron mil pesos por cada uno para liberarlos. Los detenidos no completaron esa cantidad y fue entonces cuando los entregaron a la autoridad municipal.
El personal de la Defensoría señaló al director de Seguridad y Vialidad de Ocotlán que la retención de los migrantes podría constituir una violación a sus derechos humanos, al no haber ningún delito que ameritara esa acción.
El pasado domingo 21, el organismo de derechos humanos emitió medidas cautelares dirigidas a la PGJE para que un agente del Ministerio Público cesara el acto de privación de la libertad contra las 37 personas migrantes, y demandó que los servidores públicos involucrados en los hechos descritos rindan un informe detallado al respecto.
La tarde de ese mismo día las autoridades municipales de Ocotlán de Morelos pusieron a disposición del INM a los indocumentados para que realice el proceso correspondiente respecto de su situación migratoria y su estadía en nuestro país.
Por su parte, el procurador Joaquín Carrillo Ruiz descartó tajantemente “haber tenido implicación alguna en hecho delictuoso alguno cometido en contra de 37 migrantes centroamericanos”, y manifestó su disposición de aportar cualquier información que le sea solicitada para clarificar, en la medida de su competencia, los hechos ocurridos.
Adelantó que si se requiere, con la debida salvaguarda de sus derechos integrales, presentará a los elementos que acudieron como coadyuvantes al lugar de los hechos, o bien a quien resulte señalado de haber cometido cualquier tipo de ilícito en contra de los indocumentados.