- El presidente de FMOPDH exhorta a los diputados federales a aprobar las reformas constitucionales realizadas por el Senado.
- Demanda al Estado mexicano garantizar el trabajo periodístico y esclarecer los asesinatos de los comunicadores.
El presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, hizo un llamado urgente al Congreso de la Unión a aprobar el proyecto de reformas a la Constitución recientemente aprobado por el Senado de la República, que pretende elevar a rango constitucional los derechos humanos e instituye, entre otros puntos, la obligatoriedad de responder las recomendaciones y de llamar a cuentas ante las legislaturas de los estados y a la Cámara de Senadores a quienes no las aceptan, con lo que se fortalecerá el Sistema no Jurisdiccional de los Derechos Humanos y se pondrá a México a la vanguardia en el tema.
En el marco de la inauguración del XXXIII Congreso Nacional Ordinario de la FMOPDH, celebrado en Nuevo Vallarta, Nayarit, Álvarez Cibrián reiteró su compromiso de trabajar en el fortalecimiento de la unidad de los defensores del pueblo y lograr que las posturas de la Federación sean un referente ineludible para las autoridades en la creación y ejecución de políticas públicas, como garantía de un ejercicio pleno de los derechos humanos en el país.
.Ante los titulares y representantes de las 32 comisiones o procuradurías que integran la Federación, entre ellos, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Placencia Villanueva; Raúl Mejía Pérez, representante del Gobernador de Nayarit y Secretario General de Gobierno; Felipe Zamora Castro, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el también presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco afirmó categórico, que la nueva generación de ombudsman tiene una visión de unidad, de participación y trabaja con lineamientos generales uniformes que han fortalecido el ejercicio de su autoridad moral en el desempeño de sus atribuciones
Más tarde, durante la Asamblea General Ordinaria, en la que rindió su primer informe semestral de actividades como presidente de la Federación, puso como ejemplo de unidad el pronunciamiento unánime emitido cuando el anterior secretario de Gobernación descalificó a estos organismos, en el que le exigieron respetar el trabajo que realizan. En ese texto, precisó, “fijamos nuestra convicción de que en las instituciones de Estado no debe existir polémica sobre este tema; el Estado debe ser el primer garante del respeto de los derechos humanos”.
Resaltó que el pasado 25 de agosto se retomó el diálogo. El actual titular de esa dependencia, Francisco Blake Mora, convocó a los miembros de la FMOPDH a una reunión, en la que se dejó muy en claro el respeto institucional y la autonomía de estos organismos. Blake Mora, dijo, mostró disposición y compromiso en temas como la seguridad pública, la procuración de justicia, los grupos vulnerables, el fortalecimiento de las instituciones y la participación conjunta para difundir, promover y respetar los derechos humanos en todo el país, los derechos de las víctimas, así como promover la armonización de los ordenamientos jurídicos internos con los instrumentos internacionales que México ha firmado.
De igual manera, recordó el pronunciamiento que se hizo para condenar el asesinato de Guillermo Alcaraz Trejo, productor de series educativas de televisión de la Comisión de Chihuahua y camarógrafo eventual para diversos canales por cable. Puso de manifiesto la vulnerabilidad con que trabajan los defensores de derechos humanos y reiteró que la libertad de expresión een el país está amenazada. “Nos preocupa que México se haya convertido en un país de alto riesgo para el trabajo periodístico; cada vez son más los comunicadores que en el ejercicio de su profesión son víctimas de amenazas, intimidaciones, persecuciones, atentados y desapariciones forzadas”.
A nombre de la Federación, Álvarez Cibrián se unió a la preocupación de la sociedad, de la CNDH y de los organismos internacionales por los atentados en contra de los comunicadores; no sólo porque se trata de agravios a la integridad y vida de personas, sino porque la libertad de expresión es un bien social indispensable en la democracia. “Nos sumamos al ombudsman nacional al demandar al Estado mexicano investigaciones expeditas, eficaces y exhaustivas y con ello evitar la impunidad».
Presentó en su informe un análisis de la Ley SB1070, conocida como “ ley Arizona”, que criminaliza la migración ilegal y faculta a las autoridades policiales de dicho estado a detener a cualquier persona que considere sospechosa de no contar con documentación migratoria, con base en el perfil étnico o racial. Afirmó que las disposiciones de esta ley son violatorias de los principios que sustenta en su preámbulo la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su matiz discriminatorio y racista contraviene los ideales de igualdad y fraternidad, vulnera la legalidad y seguridad jurídica y deja de lado el espíritu de igualdad que consagra esta declaración y otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
Sostuvo que es innegable que la aplicación de esta ley implica un retroceso en el avance de los derechos humanos y en el fortalecimiento de los Estados democráticos, lo que atenta principalmente contra los derechos de tercera generación como el desarrollo, la paz y la solidaridad de las naciones. Hizo un llamado a autoridades, organismos internacionales y sociedad en general para que “actuemos acordes con la vocación de respeto a la dignidad del ser humano, más allá de fronteras y diferencias, y repudiemos este acto retrógrado en la historia de los derechos humanos”.
Álvarez Cibrián detalló el trabajo realizado contra la trata de personas, pues se han iniciado alianzas para promover en las legislaturas locales las reformas necesarias con la creación de las leyes especiales y las adecuaciones respectivas en los códigos penales. Estas acciones, dijo, permitirán combatir con mayor eficacia este delito, considerado como la esclavitud moderna y cuyas ganancias son equiparables a las del narcotráfico y el tráfico de armas. Es una realidad que no existe homologación en los ordenamientos jurídicos nacionales sobre la tipificación del delito de trata de personas, lo que evita su combate efectivo, sostuvo.
En su informe hizo un recuento de las reuniones regionales de trabajo realizadas por los ombudsman en cada zona en la que se analizaron múltiples temas de interés local y nacional, con miras a definir la agenda de la asamblea general que hoy se realiza en Nuevo Vallarta.