Unos 300 Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Policía Federal Preventiva (PFP) detuvieron a más de un centenar de desplazados guatemaltecos, en su mayoría niños, que se refugiaban en la comunidad Nuevo Progreso, entre los límites de México con Guatemala, luego de que el 23 de agosto del año pasado fueron desalojados de su comunidad por elementos del Ejército de su país.
De acuerdo a informes del director del Centro de Derechos Humanos «Usumacinta», Fray Tomás González los hechos se registraron en horas de la mañana, cuando el grupo de agentes federales y migratorios arribaron de manera sorpresiva al lugar donde se refugiaban 36 familias -unas 260 personas- en su mayoría niños, luego de hace cuatro meses el Ejército Guatemalteco los desalojó de manera violenta quemando la comunidad al acusarlos de servir al narcotráfico.
«Los federales cerraron la carretera y cercaron el lugar donde la estrategia fue detener primero a los menores de edad para que los adultos no se dieran a la fuga, sin embargo, como 70 personas lograron huir», dijo el religioso.
Abundó que los federales no permitían la salida de los habitantes del lugar, para evitar que se diera aviso a los defensores de derechos humanos sobre el operativo que se realizaba, donde varios de los guatemaltecos fueron sometidos a la fuerza y golpeados en presencia de sus hijos.
Trascendió que un ciudadano español que se encontraba en el lugar acompañando a los refugiados fue detenido durante el operativo.
Fray Tomás señaló que hasta el momento no ha logrado ingresar al lugar donde hace cuatro meses se refugiaban las familias guatemaltecas, debido a que los federales mantienen cercado el lugar y no permiten el acceso a ninguna persona.
Por su parte, activistas pro-derechos humanos que realizan la caminata «Por la Dignidad y la Defensa de los Migrantes», quienes la mañana del lunes arribaron al municipio de Tonalà tras recorrer unos 280 kilómetros de la frontera de México con Guatemala, para exigir combate frontal a la Trata de Personas y la desaparición del INM, reprobaron estas acciones del gobierno mexicano contra los desplazados guatemaltecos y anunciaron que denunciarán los hechos ante instancias internacionales.
La caminata que realizan defensores de derechos humanos tiene previsto llegar a la cabera municipal de Arriaga, lugar donde los migrantes abordan el ferrocarril para viajar a los Estados Unidos, luego de haber recorrido caminando ochos días la ruta migratoria en el estado de Chiapas.