Las entidades deberán operar plenamente el nuevo sistema penal acusatorio, cuyo plazo legal vence en 2016, advierte Fromow.
La secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), María de los Angeles Fromow, advirtió que no habrá prórroga para que las entidades del país operen plenamente el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, cuyo plazo legal vencerá en el 2016.
“Aunque se habló la posibilidad de una contrarreforma, no hay prórrogas ni la posibilidad de contrarreforma, sino un compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para implementar estas reformas en 2016”, enfatizó.
Al encabezar la inauguración del foro “Retos y perspectivas de la transición al nuevo sistema de justicia penal y la contribución canadiense en la región sureste de México”, la funcionaria aseguró que la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal no corre riesgo debido a que una de las prioridades del gobierno federal es acelerar la transición con todos los actores del aparato de justicia y en particular el interés de todos los gobernadores para ponerlo en marcha en sus entidades.
Agregó que se trabaja en un diagnóstico situacional que permitirá trazar una ruta crítica a fin de cumplir las metas programadas por la dependencia a su cargo de tal forma que a finales de octubre próximo, en más de la mitad de las entidades federativas estará en operación el sistema penal acusatorio adversarial.
A cuatro años de haberse aprobado la reforma constitucional que dio origen a este nuevo sistema, dio a conocer que sólo en los estados de Chihuahua, Morelos y Estado de México se aplica de manera total.
Al hablar de la situación actual del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial por entidades, comentó que en diez estados opera de manera parcial, esto es en Tabasco, Chiapas, Nuevo león, Zacatecas, Durango, Yucatán, Oaxaca, Puebla, Guanajuato y Baja California.
Mientras que en operación parcial están Tlaxcala, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, y para 2014 se espera entren en esa situación los estados de Sonora, Michoacán, y continúe San Luis Potosí.
Señaló que parte de los procesos para agilizar esta reforma en las entidades será la puesta en marcha de las nuevas disposiciones para solicitar y obtener un subsidio federal cuya bolsa es de 458 millones de pesos para apoyar los proyectos de los distintos estados del país, acortando los plazos de entrega a las entidades y reducir los requisitos para acceder a ellos.
Además, establecer la posibilidad de reorientar a otros proyectos los ahorros presupuestarios logrados y, aumentar hasta el 70% la primera ministración de los recursos aprobados.
También dijo que se trabaja en entidades con alta población indígena como Oaxaca y Yucatán, con el fin de implementar procesos que les permitan ejercer a plenitud las garantías que ofrece el nuevo sistema penal acusatorio.