*En seis meses, la Contraloría General del DF detectó cinco casos de conflictos de intereses por parte de funcionarios…
En seis meses, la Contraloría General del DF detectó cinco casos de conflictos de intereses por parte de funcionarios de la administración; no obstante, hasta el momento no se ha aplicado ninguna sanción.
“Dentro de la etapa de investigación tenemos cinco procedimientos, donde se han estado investigado posibles conflictos de intereses para la aplicación de las sanciones”, explicó Juan Carlos Ávila López, director general de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades.
Entrevistado al término de la presentación del informe de Conflicto de Intereses que deberán exhibir los funcionarios de la administración, Ávila López indicó que los servidores públicos investigados pertenecen a la Secretaría de Obras de las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y la Oficialía Mayor.
irregularidad. Detalló que en el caso de la Oficialía Mayor, se dará a conocer las sanciones contra los funcionarios que cometieron irregularidades en su gestión, entre ellos el propio ex oficial mayor, Armando González Rojas, quien fue señalado en la compraventa de llantas a sobreprecio.
Lo mismo el secretario de Obras, Alfredo Hernández, quien fue acusado de beneficiar a la empresa donde trabajaba su esposa para comprar luminarias.
Ayer, por lo pronto, el contralor general, Eduardo Rovelo, informó que los servidores públicos tienen hasta el próximo 30 de agosto para presentar sus declaraciones patrimoniales y de conflictos de interés y, en caso de no hacerlo, se sujetarán a diversas sanciones.
Advirtió que en caso de que los funcionarios nieguen parentescos con los directivos de las empresas que concursan para una licitación, recibirán sanciones que van desde lo económico hasta inhabilitaciones para ocupar un cargo público.
Señaló que hay servidores públicos que aún no presentan dichos documentos, entre ellos, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; sin embargo, afirmó que todavía hay tiempo para exhibir las respectivas declaraciones.
En la presentación, el contralor consideró que estos documentos dan legalidad, gobernabilidad, estabilidad y transparencia a la gestión administrativa, ya que garantiza a la ciudadanía que los funcionarios actúan de buena fe y sin interés de beneficiar a ningún grupo.