*Luego de que elementos del Ejército rescataron a las víctimas del secuestro, detuvieron a los miembros de la UPOEG; fueron acusados de portación ilegal de arma de fuego. Los interrogan sobre la vida de su dirigente Bruno Placido.
Elementos del Ejército Nacional detuvieron a cinco policías comunitarios después de que estos los ayudaron a resolver dos secuestros; los mandos castrenses y policíacos piden información personal del dirigente de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Placido Valerio.
En Chilpancingo, Placido Valerio comentó que el fin de semana elementos de la Policía Comunitaria incorporada a la UPOEG participaron en la investigación de dos secuestros; uno en Cruz Grande y otro en Marquelia, ambos municipios ubicados en la Costa Chica.
En la búsqueda participaron policías ministeriales del estado y soldados, lo que permitió establecer contacto con personas que facilitaron mucha información sobre la ubicación de las víctimas.
Placido Valerio indicó que la comunitaria recuperó a la víctima del plagio en Marquelia, en tanto que el caso de Cruz Grande fue resuelto con éxito por los militares, aunque sostiene que la UPOEG aportó toda la información que se necesitó.
Una vez que los soldados tuvieron a la víctima en su poder, procedieron a detener a cinco comunitarios que participaron en el operativo de búsqueda, acusándolos de incurrir en el delito de portación ilegal de arma de fuego.
Señaló que los soldados no tienen causa justa para detener a los comunitarios, ya que estos solamente coadyuvaron en las actividades que afortunadamente culminaron en términos positivos.
“Lo que me dicen los compañeros que ya fueron consignados, es que los han interrogado para conocer mi situación de vida, quieren saber si tengo bienes materiales, les dicen que solamente me va bien y que ellos siguen igual de pobres”, enfatizó.
Comentó que los soldados todavía están molestos por la retención de sus casi cien compañeros el cinco de agosto en la comunidad de El Pericón, cuando la gente les impidió el paso durante casi 48 días, por el hecho de desarmar a varios integrantes de la PC.
Sostuvo que tiene elementos de prueba sobre los interrogatorios en los que se pide información sobre él, lo que considera como un acto de hostigamiento.
“Dicen que todos los detenidos que caen con nosotros los utilizamos para sacar dinero, cuando en realidad nosotros se los entregamos a las autoridades y son éstas las que los dejan en libertad”, apuntó.