El ombudsman nacional lamentó que una persona inocente pueda pasar tiempo en prisión y señaló que hay que saber distinguir entre testigos protegidos y delincuentes colaboradores.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, manifestó en esta ciudad que la liberación del general Tomás Ángeles Dauahare ante el desestimiento de las acusaciones en su contra por parte de la PGR representa un caso en el que se cometieron “excesos institucionales” que no tienen justificación alguna.
El ombudsman nacional lamentó que una persona inocente pueda pasar tiempo en prisión y señaló que hay que saber distinguir entre testigos protegidos y delincuentes colaboradores para evitar que la justicia siga orientada a darle veracidad a declaraciones de la delincuencia que deciden cooperar pero que están dispuestos a declarar en contra de quien sea, lo que a la postre sólo ocasionan problemas de injusticias como en este caso.
“Esas son las prácticas que debemos evitar”, señaló al tiempo de comentar que las principales denuncias presentadas a la comisión que preside en contra de las autoridades se refieren a la falta de recepción de denuncias, maltrato, indolencia y la falta de investigación por lo que es necesario seguir fortaleciendo el andamiaje institucional en torno a la capacitación de policías y servidores públicos en el marco del nuevo sistema de justicia oral penal y acusatoria.
El ombudsman nacional presidió la firma del acuerdo mediante la cual la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) se convertirá en la primera institución de procuración de justicia en el país en certificar a todo su personal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en contar con una Unidad de Enlace del organismo estatal del ramo en sus instalaciones, tras la firma de un convenio de colaboración con ambas instancias.
El gobernador Rolando Zapata Bello atestiguó este día la firma del citado acuerdo entre la fiscal General del Estado, Celia María Rivas Rodríguez; el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva y el presidente de la Comisión estatal de los Derechos Humanos (CODHEY), Jorge Victoria Maldonado, con el que la dependencia avanza en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Ante representantes de asociaciones civiles, instituciones educativas, cámaras empresariales y funcionarios estatales, municipales y federales, Zapata Bello señaló que el Gobierno del Estado trabaja para incrementar la confianza y eficiencia en el sistema de procuración de justicia, así como para aumentar la cobertura de atención a víctimas del delito, con el fin de consolidar a la entidad como segura e incluyente.
“Estamos instalando el equipo y la infraestructura necesaria en los distritos judiciales con mayor número de denuncias y se están regionalizando los servicios de procuración de justicia. De igual forma estamos reforzando y descentralizando la cobertura de los servicios de atención para acercarlos a los municipios”, enfatizó.
La certificación del personal de la FGE se realiza con el propósito de que todo ciudadano que recurra a la institución tenga la certeza de que será atendido con calidad y respeto a sus derechos humanos.