- La Procuraduría Agraria convoca a Asamblea General al Ejido de San Juan de Abajo, como único punto de acuerdo será la repartición entre los ejidatarios de 18 millones de pesos depositados en el FIFONAFE producto del pago que la SCT realizó por expropiación de tierras. Si se llega a un acuerdo, cada ejidatario recibiría en menos de una semana entre 50 y 60 mil pesos
Por Paty Aguilar
Ante la negativa de la autoridad ejidal de San Juan de Abajo que preside Ricardo González Belloso como presidente del Ejido y del Consejo de Vigilancia que preside, Gilberto Martínez Hernández, de convocar a Asamblea General para acordar sobre cómo será la repartición entre los ejidatarios de poco más de 18 millones de pesos, a petición de un grupo de 22 ejidatarios encabezados por el doctor, Rosalío García Martínez, quienes luego de agotar las instancias legales, dieron a conocer que ante esta situación, la Procuraduría Agraria de Nayarit convocó a una Asamblea General para este 12 de febrero 2011.
El médico explicó, que serán las autoridades agrarias quienes presidan esta Asamblea donde solo habrá un punto de acuerdo que tiene que ver con la presentación a la Asamblea de una propuesta justa entre los grupos de ejidatarios que han estado en conflicto desde hace años por el destino de estos recursos económicos que están depositados en el FIFONAFE desde que la SCT pagó al Ejido de San Juan de Abajo por tierras expropiadas a este núcleo ejidal.
Adelantó Rosalío García, que de tomarse un acuerdo según la propuesta que se presentará, en menos de una semana cada uno de los ejidatarios recibirían alrededor de entre 50 y 60 mil pesos, luego de que se destinaría el 10 por ciento de la suma total a cada grupo con el fin de mitigar los gastos que se hicieron en cuestión de tantos litigios que se llevaron a cabo ante tribunales por ambas partes.
Finalmente, consideró que se trata de una propuesta justa, sin embargo, planteó la posibilidad de que la mesa directiva que se ha negado en todo momento a repartir de manera justa este dinero, pudiera convencer a los ejidatarios que todavía creen en ellos para que no asistan a esta primera convocatoria que será el 12 de febrero, pero, según lo marca la ley agraria, entonces se harían otra convocatoria para ocho días después, y entonces si se llevará a cabo con los ejidatarios que asistan y el acuerdo que se tomé será validado por representación de la autoridad de la Procuraduría Agraria. Explicó que de darse este escenario, solo se retardará la entrega de este dinero alrededor de un mes.