CIUDAD DE MÉXICO, 24 de enero.- El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, consideró en entrevista radiofónica que “es una derrota para la justicia en el caso de que Florence Cassez fuera culpable.”
Aseveró que la decisión de la Corte de liberar a Cassez es un llamado de atención a las autoridades encargadas de realizar los procedimientos penales, lo que hace necesario acelerar la entrada de un nuevo procedimiento.
El procurador descartó sin embargo que este fallo pueda aplicarse a otros sentenciados, pues en derecho penal cada asunto es independiente.
Explicó que en el caso Cassez las evidencias comprobaron los errores en los procedimientos, independientemente de su culpabilidad o no en el delito de secuestro por el que está sentenciada a 60 años.
Por otra parte, al ser cuestionado sobre qué pasará con las víctimas, Murillo Karam recalcó que estarán atentos a lo que se tenga que hacer para que éstas no se sientan desprotegidas, “debemos apegarnos a los derechos humanos para evitar que esto vuelva a suceder”.
Respecto a si incurren en alguna irresponsabilidad quienes llevaron el caso, el titular de la PGR dijo que eso habrá que determinarlo con precisión, aunque el fallo de la Corte —reiteró— sí significa una crítica a los sistemas de procuración de justicia.
Por otra parte, PGR reiteró su respeto al fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó otorgarle la libertad a la francesa Florence Cassez, tras considerar que hubo violaciones graves a sus derechos humanos.
La PGR, a través de un comunicado, precisó que la determinación de los ministros mostró que se deben revisar los mecanismos y técnicas de investigación para que la dependencia federal sea mejor y cumpla con su cometido que es el de procurar justicia.
La dependencia federal precisó que la Primera Sala de la SCJN evidenció en el caso de Florence Cassez violaciones graves al procedimiento, a tal grado que impidieron juzgar la inocencia o culpabilidad en el caso de secuestro.
Términos
De forma errónea, la PGR puntualizó que la primera sala en acato a la máxima jurídica de que la duda absuelve, otorgó el amparo a la procesada; sin embargo el máximo tribunal nunca se pronunció en esos términos sino en violaciones graves a los derechos humanos incluidos en la Constitución lo que motivó el análisis de los ministros dejando intocado la culpabilidad o inocencia de la francesa.
“Ante la decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que apreció en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, violaciones graves al procedimiento, a tal grado que impidieron juzgar sobre la certeza de culpabilidad o inocencia y en acato a la máxima jurídica que señala que la duda absuelve, otorgó el amparo a la procesada”, sostuvo la PGR.
La dependencia indicó que tras la determinación asume que es inaplazable tomar las acciones indispensables para acelerar la implementación a la brevedad posible, del nuevo sistema penal acusatorio que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la revisión exhaustiva de las técnicas de investigación sobre el delito, para de esta manera generar una nueva forma de procuración de justicia, con pleno respeto a los derechos humanos.
“Evidencia grandes fallas del sistema”
Tras ser cuestionado sobre los efectos de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre Florence Cassez, Octavio Amezcua, director del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos, aseguró que no todos los casos en los cuales son violentadas las garantías individuales tendrían la misma resolución que el caso Cassez en el que se determinó que dichas violaciones afectan todo el proceso en su conjunto.
En entrevista, explicó que si algún presunto delincuente alega que no contó con la asistencia de un abogado, se tendría que examinar primero si se cuentan con elementos para establecer que, en efecto, no contaron con un defensor.
Detalló que las consecuencias de la resolución de la SCJN son que el máximo tribunal del país va a tener que empezar a fijar criterios, primero, del derecho al debido proceso en general y segundo en relación a qué supuestos podrían hablar de un efecto corruptor o una violencia tal a este derecho que tenga como consecuencia la anulación de todo un proceso.
“Habría que analizar el engrose de la sentencia, bajo qué criterios establece la Corte la anulación de todo un proceso por violaciones al derecho al debido proceso y eso habría que analizarse caso por caso”, aclaró.
Puntualizó que el fallo de la Corte es positivo pero “desgraciadamente pone en evidencia las grandes fallas del sistema de justicia mexicano” lo cual, indicó, no es algo digno de celebrarse pero sí establece ciertos derechos que ya están reconocidos en la reforma penal, en la Constitución y que por tanto deben hacerse efectivos para todos los procesos seguidos en el sistema de justicia.