CIUDAD DE MÉXICO, 12 de julio.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya solicitó de manera formal al gobierno de Estados Unidos información para posteriormente evaluar y fijar una postura sobre los equipos para interceptar comunicaciones que fueron instalados en México en 2007.
En breve conversación con Excélsior, Sergio González Alcocer, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, dijo, sin embargo, que la relación entre los dos países es de respeto y legalidad, y aseguró que tanto México como Estados Unidos condenan cualquier tema que no se ajuste a ello.
El miércoles, este diario reveló que México y EU, en la Iniciativa Mérida, pactaron en 2007 un acuerdo de espionaje. Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, afirmó ayer en entrevista que ese acuerdo entre ambos gobiernos viola tratados internacionales.
Aval para espionaje viola tratados internacionales
La Cancillería pidió información a EU para evaluar y fijar una postura sobre los equipos de intercepción traídos en 2007.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya solicitó de manera formal al gobierno de Estados Unidos información para posteriormente evaluar y fijar una postura sobre los equipos para interceptar comunicaciones que fueron instalados en México en 2007.
Las empresas (telefónicas) no necesariamente tienen que estar enteradas de que sus redes son intervenidas con direccionamientos específicos». Gerardo González, experto en telecomunicaciones
En breve conversación con Excélsior, Sergio González Alcocer, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, dijo, sin embargo, que la relación entre los dos países es de respeto y legalidad, y aseguró que tanto México como Estados Unidos condenan cualquier tema que no se ajuste a ello.
Como publicó este diario el miércoles pasado, el contrato S-INLEC-06-R-4042 muestra que el Departamento de Estado estadunidense compró a Verint Systems, fabricante de sistemas de intercepción de comunicaciones, equipo con valor de tres millones de dólares, el cual llegó a nuestro país a través de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el esquema de apoyo en la Iniciativa Mérida para “disuadir, prevenir y mitigar los principales delitos federales en México, como el narcotráfico y el terrorismo”.
Bajo el nombre de Sistema de Vigilancia Técnica México, los equipos permiten la recepción, procesamiento, análisis y almacenamiento de llamadas telefónicas a escala nacional, así como de servicios web como chat, email y llamadas de internet.
El delito se castiga con cárcel
Para Alberto Woolrich Ortiz, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, el solo hecho de que se permitiera la llegada de estos equipos viola el Código Penal mexicano y tratados internacionales firmados por el país.
“Ningún convenio internacional, así sea para combatir el narcotráfico o el terrorismo, en el marco de la Iniciativa Mérida o de cualquier otra, puede violar la soberanía del país con espionaje.
“Si los equipos donados para disuadir, prevenir y mitigar los principales delitos federales en México, como el narcotráfico y el terrorismo espían, son ilegales y el Código Penal sanciona esta práctica, más aún si es por parte de un gobierno extranjero.
“Nuestras autoridades actuales o pasadas no pueden ser incongruentes con la Doctrina Estrada o con el Convenio de Viena sobre la neutralidad del país en estos temas”, aseguró.
Según el abogado experto en temas de derecho internacional, la Doctrina Estrada asienta que ante el establecimiento de gobiernos de facto en otros países, México no es partidario “de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una práctica denigrante, que sobreherir la soberanía de otras naciones coloca a éstas en el caso de que sus asuntos puedan ser calificados, en cualquier sentido, por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la legalidad de regímenes extranjeros.
“De ahí que México no debe participar, sobre todo en este tema de espionaje, con los gobiernos de otras naciones, porque implicaría una intromisión en su soberanía”, aseguró.
Asimismo dijo que el Código Penal federal establece en su Título Primero sobre delitos contra la seguridad de la nación, que se aplicará una pena de cinco a 20 años y multa de hasta 50 mil pesos al mexicano que, teniendo en su poder documentos o informaciones confidenciales de un gobierno extranjero, los revele a otro gobierno, si eso perjudica a la nación mexicana.
“Pero lo que salta más es que la misma ley señala en el artículo 129 que se impondrá una pena de seis meses a cinco años de prisión y multa de cinco mil pesos al que teniendo conocimiento de las actividades de un espía y de su identidad no lo haga saber a las autoridades”, agregó Salvador Quezada, vicepresidente del Colegio de Abogados de México.
Según el abogado, aunque el mismo Presidente haya autorizado la entrada de este sistema de espionaje telefónico, abriéndole paso a Estados Unidos para conocer datos de millones de usuarios y conversaciones, es aún más grave, pues se incurriría en delito de tráfico de influencias, lo cual también es penado.
“El servidor público que en el desempeño de su cargo o comisión otorgue indebidamente contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, entre otros, debe ser sancionado.”
Ni spyware ni petróleo
Enseguida se reproduce la primera intervención de la sesión de preguntas y respuestas que el pasado 10 de julio ofreció Eduardo Sánchez, vocero del Gabinete de Seguridad, quien respondió al reportero de este diario sobre el tema del espionaje pactado con Estados Unidos en 2007, dado a conocer ese día por Excélsior.
Carlos Quiroz, reportero de Grupo Imagen Multimedia: El día de hoy salen a la luz contratos y un convenio firmado entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano, primero para la compra de equipos de intercepción de comunicaciones; y, segundo, para que el gobierno norteamericano pudiera tener la posibilidad, a través de estos equipos, de interceptar llamadas y otro tipo de comunicaciones vía electrónica.
“Preguntarle si este convenio y este contrato siguen vigentes durante esta administración, que si no durante la pasada administración, en el marco de la Iniciativa Mérida, si ustedes tenían conocimiento de esta situación y la pararon a tiempo o continúan operando ese tipo de equipos y se permite todavía al gobierno norteamericano la intercepción de este tipo de comunicaciones.
“Y, en segundo lugar y en ese mismo sentido, saber si el gobierno federal garantiza que las comunicaciones de los mexicanos no están siendo espiadas no solamente por el gobierno mexicano, sino también por el gobierno norteamericano.
Subsecretario Eduardo Sánchez Hernández: Con mucho gusto, gracias a usted. Le informo que la Procuraduría General de la República está atendiendo este caso en específico, está haciendo la revisión de la documentación a la que justamente usted ha hecho mención y está procediendo con una investigación en el caso de que, derivado de estas acciones que hoy usted nos comenta, se desprenda la comisión de un delito.
La Procuraduría General de la República realiza esta investigación y dará cuenta del resultado en cuanto ello sea posible.
Carlos Quiroz, reportero de Grupo Imagen Multimedia: ¿Sí garantiza el gobierno mexicano que no haya espionaje?
Subsecretario Eduardo Sánchez Hernández: Desde luego que está prohibido por la ley, por la ley penal el que haya espionaje y nosotros estamos atentos a cualquier denuncia en caso de que se detecte que hubiere este tipo de prácticas y caiga quien caiga tendrá que responder ante las autoridades.