Los seis aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fueron críticos. Ante la presencia del crimen organizado expusieron la necesidad de mayores controles en el actuar de los juzgadores, cuestionaron el arraigo, pidieron un máximo tribunal fuerte y comprometido con los derechos humanos, y propusieron hacerlo más eficiente.
Con la exposición de su proyecto ante el pleno y la comparecencia de la primera de las dos ternas propuestas en la Comisión de Justicia, inició formalmente el análisis del mejor perfil para sustituir a los ministros Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Una vez concluidas las comparecencias, la Comisión de Justicia elaborará los seis dictámenes de elegibilidad y los entregará a la mesa directiva del Senado, órgano que fijará la fecha de la votación en el pleno. De acuerdo con el cronograma, la votación, si hay acuerdo de las fuerzas políticas, podría realizarse en la sesión del jueves 22 de noviembre o el martes 27 de noviembre.
El Senado de la República rechazó las primeras dos ternas enviadas por el presidente Felipe Calderón Hinojosa el pasado 8 de noviembre.
La magistrada Rosa Elena González Tirado, una de las tres aspirantes a sustituir a Ortiz Mayagoitia, al plantear su visión reconoció que la figura del arraigo que se utiliza como herramienta contra el crimen organizado “técnicamente me parece que no ha funcionado demasiado”.
Ante una pregunta del perredista Manuel Camacho Solís, dijo que las estadísticas indican que se decretan tres arraigos en promedio diario (a nivel local y federal); sin embargo, hasta en 90% y a pesar de que los Ministerios Públicos llegan a contar hasta con 80 días para la investigación, “no se logra tener la suficiente evidencia para que los juzgadores logren procesar a este tipo de personas […] en la práctica no ha funcionado del todo bien”, dijo.
El magistrado Alberto Gelasio Pérez Dayán, quien estuvo en la terna anterior que rechazó el Senado, dijo: “Sostengo que una Corte fuerte debe también ser prudente, una Corte responsable”.
Cerró esta terna el magistrado Julio César Vázquez Mellado, quien señaló que “de nada sirven las leyes si no hay quien las aplique a toda su cabalidad”.
Destacó que “para mí hay una función de la Corte poco explorada y que debe ser incentivada: el admitir y actuar como cabeza de todo el Poder Judicial de la Federación, para llegar ahí el juez íntegro”.
Los integrantes de la segunda terna sólo comparecieron ante el pleno. El director del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, el único aspirante que no es juzgador, sostuvo que de ser elegido “pondré especial interés en que las políticas judiciales que orienten o debieran orientar la labor de los tribunales constitucionales sean explicitadas para que, de esa manera, pueda eficientarse la función de la Suprema Corte”.
La magistrada Norma Lucía Piña destacó el papel de los juzgadores, ya que “en tiempos de crisis se cometen excesos y la función de los jueces es evitarlos”, mientras que Ricardo Romero dijo que la SCJN “se alza como el fiel de la balanza en el sistema de pesos y contrapesos”.