CIUDAD DE MÉXICO, 30 de julio.- La democracia mexicana sigue siendo frágil y enfrenta constantemente amenazas que van, desde las de corte estructural e institucional, hasta las generadas por la delincuencia y otros poderes fácticos que buscan constantemente ampliar su base de privilegios.
Estas condiciones han generado un desencanto ciudadano que se expresa, en un primer momento, en una muy baja participación en los procesos electorales, principalmente en los de carácter local, así como los procesos electorales federales de carácter “intermedio”; es decir, en aquellos en los que se elige únicamente a los representantes del Congreso de Unión, pero no al Presidente de la República.
Por ejemplo, en las pasadas elecciones locales, en entidades como Sonora, la participación ciudadana llegó sólo a 27.3%; en Baja California, donde hubo elección de gobernador llegó a sólo 39.44%; o en Puebla, donde se eligió Congreso local y ayuntamientos, salió a votar únicamente 35% de los electores.
Desde esta perspectiva, los datos presentados el día de ayer por el Coneval, en los que se consigna que hay 53.3 millones de personas en condiciones de pobreza, ratifican la urgencia de un nuevo pacto político nacional desde el cual se pueda promover mayor justicia, dignidad e inclusión social; esto, porque la pregunta que no hemos logrado resolver es ¿cuánta pobreza y desigualdad puede soportar nuestra frágil democracia?
Hay desconfianza
El informe Latinobarómetro 2011 muestra que en la percepción de las y los ciudadanos mexicanos, la confianza en la democracia y en las instituciones democráticas disminuyó entre los años 2010 y 2011, en prácticamente 9%. Esto coincide con una tendencia en toda la región, en la cual se registran bajas en la confianza ciudadana ante la democracia, en países como Honduras, Nicaragua, Brasil, Costa Rica y Venezuela.
De acuerdo con el reporte señalado, la caída en la confianza de la ciudadanía en su democracia y en las instituciones que la representan, tiene como principal causa la ola de violencia que recorre todo el país, de tal forma que prácticamente 50% de la población nacional estaría dispuesta a ceder libertades a cambio de una mayor seguridad y mayores niveles de bienestar.
Es interesante observar, según los datos del informe Latinobarómetro, que a la par de la disminución de la confianza en la democracia, también se dio una caída en hechos concretos tales como el crecimiento negativo del PIB, equivalente a un -1.4 por ciento entre 2010 y 2011, lo cual está asociado también, a una caída en lo que el informe llama la percepción sobre las posibilidades de progreso en el país, indicador en el cual México pierde dos puntos porcentuales en el periodo señalado.
Quizá lo más preocupante, tomando como referencia la información disponible, es que solamente 58% de la población en Latinoamérica, considera que la democracia como forma de gobierno es preferible a todas las otras formas de gobernar; esto implica que 42% considera que son preferibles formas no democráticas de acceso al poder y de distribución de las tareas y los bienes públicos.
Para el caso mexicano, en los años señalados, únicamente 22% de la población considera “que el país está progresando”; el dato es relevante porque en la serie histórica del mencionado Latinobarómetro, se muestra una correlación directa entre la percepción de progreso y la confianza en la democracia.
De acuerdo con este instrumento, en México la percepción en torno al principal problema que se enfrenta como sociedad es el relativo a los distintos problemas económicos; y particularmente en lo relativo al desempleo y los bajos salarios en efecto el 35% de las y los encuestados, señalan que en nuestro país el desempleo es el principal obstáculo para la consolidación de la democracia.
El dilema de la desigualdad
Uno de los principales problemas percibidos como nocivos para la democracia es el de la desigualdad; los datos del Latinobarómetro permiten señalar que en México únicamente 15% de la población considera que la distribución de la riqueza y los bienes sociales, puede ser valorada como “justa” o “muy justa”.
Esta percepción tiene sin duda alguna un poderoso vínculo con la realidad concreta del país. Según los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2012, levantada por el INEGI, muestra que el decil de más altos ingresos percibe anualmente 19 veces más recursos que el decil de más bajos ingresos.
La desigualdad se expresa no solamente entre grupos económicos, sino que tiene manifestaciones territoriales y sociales profundas.
En este panorama quienes más pierden son los habitantes y miembros de los pueblos y las comunidades indígenas. Sólo para poner un ejemplo habría que decir que la diferencia de ingreso entre los municipios más urbanizados y el que se detecta en las poblaciones indígenas, es de más de 45 veces a lo largo del año.
Ruptura con el gobierno
Como resultado de todo lo anterior la población nacional cree mayoritariamente que tanto los representantes populares, como quienes desempeñan tareas gubernamentales, desarrolla sus actividades principalmente para beneficiar a sus grupos de interés.
Los datos del Latinobarómetro no dejan lugar a dudas: solamente 22% de las y los ciudadanos mexicanos considera que en los últimos años el gobierno lo hace persiguiendo el bien de toda la población; dicho de otra manera, prácticamente ocho de cada diez asume que los gobernantes no cumplen con el deber de proteger a toda la población.
Ante la pregunta de si el gobierno está tomando decisiones “para unos cuantos poderosos” o “para toda la población”, la respuesta ciudadana es todavía más contundente: 83% de las y los encuestados señala que en México el gobierno actúa sólo para beneficiar a unos cuantos poderosos.
El riesgo del autoritarismo
Regresando al tema inicial preocupa que en México solamente 40% de las y los ciudadanos sostenga que sobre todas las otras formas de gobierno, la democracia es sin duda alguna el modelo preferible.
Mientras que 14% dice explícitamente que preferiría un gobierno autoritario mientras que 36% declara “que da lo mismo” un gobierno democrático que un autoritario.
Adicionalmente 16% de la población sostiene que en la República Mexicana en los últimos años la democracia ha empeorado; mientras que 55% declara que el mayor obstáculo para mejorar la democracia en nuestro país se encuentra en el combate a la corrupción.
En el mismo sentido 27% de la ciudadanía considera que lo que falta para consolidar la democracia en México es incrementar la justicia social.
Por su parte, 36% opina que también es importante incrementar la transparencia del Estado; 32% cree que lo más importante es incrementar la participación ciudadana; mientras que 22% asume que lo que hace falta es fortalecer a los partidos políticos.
Destaca que únicamente 5% de las y los encuestados asume que “tal como está” la democracia es funcional y tiene viabilidad; lo cual permite concluir que es urgente renovar el diálogo político y a las instituciones a fin de darle permanencia y consolidación a un régimen de libertades que debe tener, sobre todas las cosas, la responsabilidad de garantizar todos los derechos humanos y sociales para todas las personas.