*Los últimos cuatro presidentes han enfrentado investigaciones por desvío de recursos, aunque sólo Alfonso Portillo y Otto Pérez Molina, además de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, han pasado por una prisión…
CIUDAD DE MÉXICO, 4 de septiembre.- La historia reciente de Guatemala está plagada de casos de corrupción en las más altas esferas del gobierno, al grado que los últimos cuatro presidentes, incluyendo a Otto Pérez Molina, han estado involucrados en casos de ese tipo.
Hace apenas siete meses, el expresidente Alfonso Portillo regresó a Guatemala tras cumplir una condena de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero, y de inmediato intentó regresar a los primeros planos de la política compitiendo por una diputación, pero la más alta instancia judicial de ese país se lo impidió.
En 2014, el expresidente fue sentenciado a cinco años y 10 meses de prisión por el juez Robert P. Patterson, de una corte federal de Nueva York, por aceptar un soborno de 2.5 millones de dólares del gobierno de Taiwán a cambio de mantener el reconocimiento diplomático a ese país.
El exmandatario se declaró culpable del delito de lavado de dinero ante un tribunal de Nueva York, que lo sentenció a 70 meses de cárcel. De esa pena, Portillo cumplió año y medio, al conseguir que la condena comenzara a contar a partir de su arresto en Guatemala en 2010.
Portillo gobernó de 2000 a 2004 y su primer escándalo por supuestos actos de corrupción se destapó en marzo de 2002, cuando él y su vicepresidente Juan Francisco Reyes, así como sus círculos más próximos, fueron denunciados por la prensa local por haber realizado millonarias transferencias de dinero público a cuentas en el extranjero, un caso conocido como Conexión Panamá.
Más tarde, en junio de 2003, salió a la luz un desfalco al Seguro Social por un monto de 52 millones de dólares, que fue calificado como el escándalo más terrible y criminal de su mandato.
Pese a que llegó a la máxima magistratura sin residencia propia ni mayores bienes materiales, al salir contaba con una lujosa mansión fortificada cerca de su ciudad natal, conocida por la “fortaleza de Portillo”, cuyo costo superó el millón de dólares.
El exmandatario nació el 24 de septiembre de 1951 en el departamento oriental de Zacapa, e inició su carrera política en la década de 1970, al vincularse a organizaciones indígenas de izquierda de México y Guatemala.
En 1982, cuando era profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero, en México, disparó a tres hombres. Mató a dos y dejó herido a otro. En esa ocasión, logró escapar de la justicia mexicana.
Fue miembro del desaparecido Ejército Guerrillero de los Pobres, una de las cuatro organizaciones integrantes de la guerrilla izquierdista de Guatemala, hasta que en 1989 se afilió al Partido Socialista Democrático y luego a la Democracia Cristiana Guatemalteca, de la cual fue secretario general y por la que fue elegido diputado en 1994.
Caso Berger
Tocó el turno a Óscar José Rafael Berger Perdomo, quien fue electo presidente de Guatemala en 2003 y tomó posesión el 14 de enero de 2004; Berger tenía el apodo de El Conejo desde los años parvularios, por lo prominente de sus dientes y la manera en que sus orejas sobresalían del casco de beisbol, deporte al que es muy aficionado.
Berger alcanzó la primera magistratura en la segunda vuelta de las elecciones, pues en la primera ronda no obtuvo el 50 por ciento más uno de los votos, como lo exige la ley guatemalteca.
En su campaña prometió luchar contra el crimen, la corrupción y la pobreza, y la implementación plena del acuerdo de paz que terminó en 1996 con la guerra civil que azotó al país por 36 años.
De acuerdo con el diario guatemalteco La Hora, los proyectos de remodelación en el aeropuerto La Aurora estuvieron precedidos de numerosas sospechas de malversación de fondos. Los señalamientos contra la administración de Berger por la remodelación de la terminal aérea en 2007 permanecen todavía en la impunidad.
Ese año, Berger inauguró el remodelado aeropuerto, que tuvo un costo estimado de 120 millones de dólares, aunque trascendió que se destinaron 250 millones de quetzales (unos 32 millones de dólares) que fueron transferidos desde las carteras de Educación y Gobernación hacia la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que se encargó de la construcción.
Según una investigación del diario La Hora, la remodelación del aeropuerto, que en poco tiempo comenzó a mostrar fallas, fue ampliamente cuestionada por supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato y la valoración del trabajo final.
Durante el gobierno de la Gran Alianza Nacional (Gana), que llevó al poder a Berger, el Ministerio más señalado por la corrupción fue el de Comunicaciones, a tal punto que distintas bancadas del Congreso solicitaron la interpelación del entonces ministro Eduardo Castillo, sin que hubiera una respuesta satisfactoria.
No bastó con las millonarias comisiones cobradas por funcionarios para adjudicar los contratos, sino que además una significativa cantidad de obras fueron adjudicadas a constructoras vinculadas a funcionarios de Gana, incluso en el Congreso. La bancada oficial en ese entonces se jactaba entre el gremio de la construcción de tener la sartén por el mango para la adjudicación de obras.
La primera dama incómoda
El candidato Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), sucedió en el poder a Óscar Berger para gobernar Guatemala de 2008 a 2012, pero aquí la protagonista en los casos de corrupción fue la primera dama Sandra Torres, quien también buscaría relevar a su marido en la Presidencia.
En enero, la periodista Claudia Palacios informó en un reportaje que la exprimera dama, ahora aspirante a la Presidencia y secretaria general de UNE, era investigada por el Ministerio Público por cinco denuncias interpuestas en su contra. De 2007 a la fecha, su nombre aparece en 16 carpetas fiscales por delitos que van desde lavado de dinero hasta violación de los derechos humanos .
El 11 de mayo de 2009, entre los medios locales circuló un video del abogado Rodrigo Rosenberg, supuestamente asesinado un día antes, en el que señala directamente al entonces presidente Colom, a la misma Sandra Torres y a Gustavo Alejos como responsables intelectuales de su homicidio.
El MP desestimó cinco denuncias interpuestas entre 2011 y 2012, en las que Torres fue señalada de incurrir en los delitos de violación a la Constitución, abuso de autoridad, propaganda reeleccionista, usurpación de funciones y estafa propia.
En 2011, Torres hizo público su interés en participar, como candidata a la Presidencia por la coalición UNE-GANA en las elecciones y anunció su separación del exmandatario Colom, en vista de una norma constitucional que prohíbe la candidatura de familiares del Presidente.
Entre los expedientes también hay seis denuncias pendientes de iniciar investigaciones, dos de ellas debido a antejuicios que el organismo judicial no ha resuelto y otras cuatro permanecen pendientes o archivadas.
De todas las denuncias contra la exprecandidata de la UNE, solamente una llegó a tribunales y el caso fue cerrado a petición de la fiscalía. En octubre pasado, la fiscalía pidió a un juzgado desestimar el caso por anomalías en el manejo de programas sociales cuando era primera dama.
La exvicepresidenta Roxana Baldetti, hoy detenida, interpuso las denuncias contra la exprimera dama entre 2008 y 2010, cuando aún era diputada en el Congreso de la República, y recordó que Torres nunca quiso comparecer a las citaciones del Legislativo.
Álvaro Colom, exesposo de Torres, también fue mencionado en el informe sobre financiamiento ilícito de los partidos políticos presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
De acuerdo con el CICIG, en su administración operaron al menos tres estructuras de financistas que se beneficiaron con el ejercicio del poder: Gustavo Alejos, Gloria Torres y Obdulio Solórzano Montepeque, los últimos dos asociados a la narcoactividad.
“Una de las estructuras de corrupción más cercanas a la Presidencia fue la que construyó la hermana de la entonces esposa del Presidente (…) Gloria Torres, quien fue una de las fundadoras de la UNE y tuvo a su cargo la organización del partido”.
Gloria Torres se relacionó con candidatos a alcaldes y a través de ellos recibía fondos de las municipalidades, por lo que fue investigada y acusada de lavado de dinero y estafa. Se le relaciona también con el narcotraficante Juan Ortiz Chamalé.
De acuerdo con expertos en temas políticos, la “herencia” de UNE y la ambición de Sandra Torres como secretaria general de esa agrupación, aún persisten en la sociedad y la corrupción sigue siendo evidente durante el gobierno del Partido Patriota (PP), así como el uso clientelar de los programas sociales.
Durante el gobierno de Colom y Torres “hubo falta de transparencia y rendición de cuentas, sólo publicaban lo que les convenía”, puntualizó el politólogo independiente Douglas Abadilla.
Otto Pérez, contra las cuerdas
Es precisamente la denunciante de Sandra Torres, la ahora exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien encabezó el nuevo caso de corrupción en el país, en este caso centrado en las aduanas. Las acusaciones contra el grupo conocido como “La Línea” sacuden a Guatemala y llevaron al expresidente Otto Pérez Molina a renunciar y a prisión.
El 16 de abril, la CICIG informó de la desarticulación de una red criminal de defraudación aduanera integrada por funcionarios de gobierno y trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El 9 de mayo, acusada de participar en “La Línea”, Roxanna Baldetti renunció a la vicepresidencia.
Baldetti es acusada de ser cabecilla de la banda corrupta por haber generado ganancias de forma ilegal a través de las aduanas. Fue detenida el 21 de agosto. Las ganancias de “La Línea”, rondan por los 28.5 millones de quetzales (3.6 millones de dólares), desde el 8 de mayo de 2014 hasta el 16 de abril de 2015.
El Ministerio Público de Guatemala mostró, el 25 de agosto, como prueba en la primera audiencia contra la exvicepresidenta Baldetti, una grabación que involucra a Otto Pérez Molina con el caso de corrupción. La denuncia causó que el Congreso le quitara el fuero y que un juez emitiera una orden de prisión preventiva, con lo que Pérez Molina perdió automáticamente la Presidencia.