Guadalajara • Hoy a 20 años del asesinato de quien fuera cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, el expediente del caso ya es público y pude ser solicitado por medio del Instituto Federal de Acceso a la información Pública y Protección de Datos (IFAI).
Los documentos con el número de averiguación previa 1132/93 y SE/001/95, iniciados por la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar el crimen del prelado, están conformados por 73 tomos y 35 mil 615 hojas.
En ellos se plasman alrededor de 200 testimoniales, más de 500 documentales públicos y privados, al igual que dos dictámenes y una petición de asistencia internacional, podrán ser solicitados vía IFAI a la unidad de transparencia de la PGR.
De igual manera será de libre consulta la averiguación previa 12948/93 iniciada por la desaparecida Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), por el delito de homicidio en agravio de Posadas Ocampo, su chofer y cinco personas más, ocurrido el 24 de mayo de 1993 en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
En dicha averiguación previa se informa que el 29 de mayo de 1993, se ejerció acción penal en contra de 51 personas, de las cuales 46, fueron remitidas posteriormente para ser investigadas por diversos delitos del fuero federal a la PGR. Entre ellos estaba Jesús Alberto Bayardo Robles, alias El Gory, por su presunta responsabilidad en el atentado al entonces cardenal.
Mientras que en 1996, Álvaro Osorio y Édgar Mariscal, ex militares y sicarios, fueron presentados como los homicidas confesos, sin embargo, sus testimonios resultaron confusos en repetidas ocasiones.
En el expediente se puede constatar las conclusiones a las que llegaron los nueve integrantes del grupo interinstitucional respecto al caso, creado el 9 de julio de 1998, cuando el gobierno del estado de Jalisco, presentando nuevas pruebas, solicitó que el caso fuera reabierto.
El grupo de análisis estaba confirmado por el entonces cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, quien fungió como invitado, mientras que por parte del Episcopado Mexicano, estuvieron presentes los prelados José Fernández Ortega y Luis Reynoso Cervantes. Del gobierno del estado de Jalisco, estuvo presente Fernando Guzmán Pérez Peláez, ex secretario general de gobierno, Gabriel Zermeño Márquez y José A. Ortega Sánchez, y de la Procuraduría General de la República (PGR), participó quien en ese tiempo era el titular de la dependencia federal, Jorge Madrazo Cuellar, José Luis Ramos Rivera y Javier García Ávila.
De acuerdo a los trabajos realizados por dicho grupo, el 24 de mayo de 1999 se presentaron cuatro postulados: 1) Se descartaba la tesis de la confusión presentada por la PGR, 2) El Cardenal fue acribillado cuando bajaba del automóvil, lo que permite que haya sido perfectamente identificado, 3) Había agentes judiciales al momento de la agresión, y 4) El homicidio pudo ser producto de un complot, sin embargo, la PGR destacó que fue un asesinato circunstancial.
En contra parte, el General Jesús Gutiérrez Rebollo, en calidad de jefe de la Quinta Región Militar, llevó parte de la investigación y en declaraciones contra el gobierno aseguró que el asesinato fue premeditado.
Según registros periodísticos, señalan que en el homicidio se accionaron seis armas largas R-15 y AK-45, así como una corta calibre 39. Mientras que en el testimonio de Mario Rivas Souza, titular del Servicio Médico Forense, se contabilizaron 57 disparos en ambos lados del coche y nunca cruzaron de un lado a otro sino que fueron directos a los ocupantes. Los tiros se hicieron a corta distancia y de arriba hacia abajo.
Finalmente el 27 de julio del 2000, un año y 8 meses después de fijado el plazo para la entrega de los dictámenes finales sobre el caso, el expediente fue cerrado, dando así por concluidos los trabajos al respecto.