El Instituto Federal Electoral (IFE) se alista para concluir que el PRI invirtió recursos de campaña para pagar con tarjetas Monex a su estructura territorial. Ello implicará que, al menos, parte de estos recursos sean sumados al tope de gastos de la campaña presidencial de 2012, y no contabilizados como recursos ordinarios.
El próximo 23 de enero, el Consejo General del instituto resolverá si la coalición PRI-PVEM y el ahora Presidente, Enrique Peña Nieto, incurrieron en alguna violación a la normatividad electoral al pagar, con estos monederos electrónicos, 66 millones 326 mil 300 pesos a enlaces estatales y distritales, coordinadores territoriales, así como representantes generales del partido ubicados en Baja California, Baja California Sur, Chiapas, DF, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Sonora.
Lo anterior, en respuesta a quejas interpuestas por el PAN y el PRD. Según estos partidos, el PRI y el hoy Presidente habrían recibido recursos de procedencia ilegal y además podrían rebasar el tope de gastos de campaña presidencial.
En respuesta a estas acusaciones, el tricolor precisó (de forma pública y a través de diversos documentos enviados al IFE) que había suscrito un contrato con la empresa Alkino para que ésta diseñara una solución para realizar los pagos a su estructura. Fue entonces cuando Alkino decidió emplear los monederos electrónicos Monex para ello.
A diferencia de lo argumentado por PAN y PRD, el tricolor sostuvo que los monederos electrónicos sirvieron para pagar a la estructura que operaría el día de elección y no durante la campaña. Por ende, dichos recursos debían contabilizarse como gasto ordinario.
La resolución
Será hoy cuando la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral distribuya el proyecto de resolución que someterá a consideración del órgano electoral, el próximo miércoles 23 de enero.
Sin embargo, fuentes del instituto confirmaron a EL UNIVERSAL que las erogaciones vía Monex serán consideradas como gasto de campaña, y no ordinario como pide el PRI.
Aún no puede concluirse que la totalidad de recursos serán sumados a la campaña presidencial. Queda la posibilidad de que dicha unidad prorratee los gastos entre la campaña presidencial y las de diputados federales y senadores, algo previsto en la normatividad electoral en materia de fiscalización.
Se entiende por prorrateo a la repartición de una cantidad u obligación entre varias personas, en este caso, entre los tres tipos de elecciones federales.
Será hasta el 30 de enero cuando el Consejo General del IFE vote los dictámenes relativos a los gastos de la campaña presidencial y concluya si hubo rebase por parte de la coalición que postuló a Enrique Peña Nieto.
La legislación electoral no contempla al rebase de tope de gastos de campaña como causal para anular un triunfo electoral. Por lo que habría únicamente una sanción económica para el PRI.
Una vez que el Consejo General del IFE vote la resolución sobre Monex, los partidos aún tendrán la posibilidad de impugnarla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Aún está pendiente que el IFE se pronuncie sobre si estos monederos electrónicos se usaron para coaccionar el voto a favor de Peña Nieto, lo cual ocurrirá, también, en la sesión del 30 enero.
Esta sería la primera ocasión en que las quejas relacionadas con la fiscalización de una campaña presidencial sean desahogadas a menos de un año de la jornada electoral.