*La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación de oficio contra las administradoras de fondos para el retiro…
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación de oficio contra las administradoras de fondos para el retiro (Afores) por supuestas prácticas monopólicas absolutas y colusión, informó el regulador.
La Autoridad Investigadora de la Cofece publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación el aviso mediante el cual se informa del inicio de la investigación de oficio IO-003-2015, por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de prestación de servicios para la administración de fondos para el retiro de los trabajadores que realizan las Afores en el territorio nacional.
Se consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios o arreglos entre empresas competidoras entre sí que busquen fijar o manipular el precio de un bien o un servicio, restringir o limitar la oferta, dividir o asignar porciones o segmentos de un mercado, concertar o coordinar posturas en licitaciones, e intercambiar información para realizar alguna de las conductas anteriores.
En caso de que se encuentren elementos sobre la probable responsabilidad de los agentes económicos o de individuos investigados, se iniciará el procedimiento seguido en forma de juicio, en el que se escucharán los argumentos de defensa y la Autoridad Investigadora actuará como parte.
Los periodos para las investigaciones de prácticas monopólicas son de al menos 30 días hábiles y hasta 120 días, en este caso a partir del 10 de febrero de 2015, plazo que podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones.
Conforme a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, las empresas podrían ser sancionadas con la orden de suprimir la conducta ilegal, la inhabilitación hasta por 5 años para ejercer como directivos, multas hasta por 200 mil veces el salario mínimo a aquellas personas que hayan participado en la conducta en representación de una compañía, multas de hasta el equivalente al 10 por ciento de los ingresos económicos del agente económico responsable y de hasta por 180 mil veces el salario mínimo a quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la comisión de las prácticas.