CIUDAD DE MÉXICO, 25 de agosto.- Para evitar poner en riesgo la seguridad de una prisión en el estado de Querétaro, un juez negó a un preso un amparo con el que pretendía ingresar al centro penitenciario un Ipod Classic, con capacidad de 160 GB y música precargada.
El impartidor de justicia determinó que su resolución no viola los derechos humanos del interno, como éste lo aducía, ya que tal restricción no agrava la situación en prisión del quejoso, ni afecta su proceso de reinserción social, puesto que dicho reproductor no representa un elemento esencial para el desarrollo del individuo, dado que únicamente se trata de un sistema de entretenimiento, del cual puede prescindirse.
La decisión del juzgador se sustentó en que el usuario promedio de un Ipod es incapaz de alterar o cambiar el programa con el que funciona el aparato y sólo puede introducir en él música, video e imágenes. Pero también existe la posibilidad de que un hacker o cracker sería capaz de alterar el programa del Ipod, de manera que una vez que esté conectado a un computador produzca algún virus o programa para transmitir información al exterior, o simplemente con la finalidad de hacer inservible el sistema de cómputo del penal, con los riesgos que ello conllevaría.