*La jerarquía católica resaltó que la reciente fuga de Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo Guzmán pone en tela de juicio la viabilidad de aquella reforma en materia de seguridad y la concentración de funciones…
La jerarquía católica resaltó que la reciente fuga de Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo Guzmán pone en tela de juicio la viabilidad de aquella reforma en materia de seguridad y la concentración de funciones en una entidad política encargada del gobierno interior.
En este contexto, se criticó a través del editorial “Supersecretaría”, publicado en el semanario Desde la Fe, que en noviembre de 2012 la Cámara de Diputados reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para extinguir la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y concentrar todas sus funciones en la Secretaría de Gobernación.
Refirió que “los motivos fueron dudosos”, aunque finalmente se logró poner todas las instancias administrativas de seguridad pública, seguridad nacional, vigilancia fronteriza y migratoria e inteligencia bajo esta dependencia.
En la publicación se advirtió que “la subjetividad populista legislativa”, justificó la “supersecretaría” bajo el argumento de que “la sociedad mexicana exige emprender acciones para proveer tranquilidad y seguridad en todo el territorio nacional para cada persona y familia”.
El colofón de estas dulces promesas de tranquilidad y seguridad se refrendarían por la presencia del “Estado mexicano fuerte” y la capacidad de sus instituciones en todo tiempo y cada rincón del territorio nacional, la simpleza en el cambio de estrategias para fortalecer la coordinación sería factible para proseguir con éxito el combate contra el crimen organizado y la delincuencia. Todo regido por la Secretaría de Gobernación.
Al respecto, en la publicación se criticó el enorme listado de las funciones que están a cargo de la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, como son las de: coordinar a los secretarios de Estado, compilar la normatividad nacional, fijar el calendario oficial, guardar las efemérides, registrar firmas oficiales de funcionarios, publicar el Diario Oficial, censurar algunas publicaciones, registrar a la población del país, expulsar extranjeros indeseables, dirigir la política migratoria, promover el desarrollo municipal, vigilar casinos, juegos y sorteos.
Además se encarga de administrar el patrimonio insular, regular el uso del escudo, la bandera y el himno nacionales, coordinar el sistema de protección civil, vigilar a las asociaciones religiosas y culto público (por cierto, esta subsecretaría se encuentra vacante desde hace seis meses, una muestra más del gigantismo inoperante) hasta las de seguridad pública, de seguridad nacional e inteligencia, entre las que destacan desde la aprobación de las empresas de servicios de seguridad privados hasta la Coordinación del Consejo Nacional de Seguridad, la atención integral a las víctimas del delito y la fallida omnipresencia en la administración del sistema penitenciario de máxima seguridad.
A casi tres años, los legisladores del Honorable Congreso de la Unión no regatearon a la actual administración el renacimiento de la supersecretaría; no obstante, la competencia de la Secretaría de Gobernación fue jurídicamente desnaturalizada para imponer criterios ineficaces que confunden a un organismo político como aparato policial.
El semanario resaltó además que la supersecretaría muestra ineficacia en sus acciones de seguridad pública y la efectividad del sistema de inteligencia.