*La defensa de Cristina de Borbón, hermana del rey de España, Felipe VI, entregó al juzgado los 587 mil euros (11 millones 500 mil pesos) que le exigió la Fiscalía Anticorrupción, que equivalen al monto con el que se benefició del DINERO de erario público robado por su marido Iñaki Urdangarin
Madrid. La defensa de Cristina de Borbón, hermana del rey de España, Felipe VI, entregó al juzgado los 587 mil euros (11 millones 500 mil pesos) que le exigió la Fiscalía Anticorrupción, que equivalen al monto con el que se benefició del DINERO de erario público robado por su marido Iñaki Urdangarin, quien enfrenta una posible condena de hasta 20 años de cárcel.
El abogado que defiende a la hermana del monarca es Miquel Roca, un experto penalista y uno de los llamados “padres” de la Constitución española de 1978. Roca, tras conocer el escrito final de la Fiscalía Anticorrupción, en el que sólo se reclamó a Cristina de Borbón una responsabilidad administrativa como “beneficiaria a título lucrativo”, anunció que el DINEROfijado por el fiscal se depositaría lo antes posible. El objetivo es que, una vez garantizado el pago de la multa, el juez José Castro ordene el sobreseimiento de la causa abierta contra Cristina, tal y como establece la doctrina del Tribunal Supremo.
Cristina de Borbón es la única de los principales imputados de la trama de corrupción del caso Nóos que no está imputada de los ocho delitos por el que se le persigue al resto y por los que podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel, incluido su marido, Urdangarin así como multas superiores a los cinco millones de euros.
Urdangarin, en su calidad de yerno del rey Juan Carlos -quien abdicó en abril pasado en medio de éste y otros escándalos- utilizó su condición de miembro de la familia real para conseguir contratos públicos para sus empresas, registradas como asociaciones sin ánimo de lucro y por las que podría haber hurtado al erario público más de once millones de euros.
A diferencia del resto de imputados, en los que hay desde empresarios hasta dirigentes políticos, todos vinculados al conservador Partido Popular (PP), la hermana de Felipe VI fue considerada en el escrito del fiscal Pedro Horrach como “beneficiaria a título lucrativo”, lo que no supone una responsabilidad penal, pero sí administrativa, que contempla una multa equivalente al dinero del que se habría beneficiado.
Y, según las cuentas del fiscal, ese monto sería de 587 mil euros. Una cifra que no coincide con las estimaciones de la acusación particular, que reclama una multa de dos millones 200 mil euros y pide para Cristina una condena de ocho años de cárcel. Es señalada como la dueña de 50 por ciento de la sociedad Aizoon, a través de la cual Urdangarin desvió fondos del Instituto Nóos.
Se prevé que a finales de esta semana, el juez Castro ordene la apertura del juicio oral, en un escrito en el que se podría incluir el sobreseimiento de la causa contra Cristina o, si el juez mantiene otro criterio al del fiscal, la confirmación de la imputación a la hermana del rey, con lo que la obligaría a sentarse en el banquillo de los acusados.