La Procuraduría General de la República (PGR) admitió las pruebas ofrecidas por el general Tomás Ángeles Dauahare, como pedir informes a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) sobre el militar; además, aceptó que la defensa tenga acceso a la averiguación previa abierta por sus presuntos nexos con el narcotráfico, según un oficio en el que defiende el uso de testigos protegidos y se asegura que no serán la única evidencia que valorará para definir su situación jurídica.
Así lo indica un documento que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) remitió al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia de amparo —del que EL UNIVERSAL tiene copia—, donde el abogado del ex subsecretario de la Defensa Nacional promovió la protección de la justicia para que le aceptaran pruebas y la PGR entregara las evidencias que tiene en su contra.
Jorge Francisco Rubio Salgado, ministerio público de la Federación de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, acordó el 20 de julio pasado que solicitará a la DEA y Sedena informes sobre la labor de Ángeles Dauahare.
También aceptó pedir la videograbación de las cámaras de seguridad del estacionamiento del centro comercial Perisur, donde supuestamente se habría reunido con presuntos integrantes del cártel de los Beltrán Leyva, según los testigos protegidos; se aceptó la copia certificada del pasaporte del divisionario, con el que su abogado busca demostrar que estaba en el extranjero cuando se realizó el supuesto encuentro, por lo que también se pedirán reportes de sus entradas y salidas al Instituto Nacional de Migración (INM).
Asimismo, la SIEDO tendrá que pedir informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la tarjeta de crédito 376666164911004 de American Express, como una evidencia de los recursos con los que cuenta el militar.
En este acuerdo, Rubio Salgado también ordenó: “déjese a la vista del defensor particular las constancias que conforman la presente indagatoria (PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010)”, aunque señaló que no es procedente entregar los informes relativos a si las declaraciones de los testigos colaboradores son ciertas.
Al dar cumplimiento total a la resolución de la juez de amparo Josefina Mora Dorantes, se decretó que la PGR ya no está en desacato.
El Ministerio Público de la Federación en su oficio defendió además que la SIEDO utilizará a los testigos protegidos “Jennifer” y “Mateo”, en la integración del expediente, así como las declaraciones del ex militar Iván Reyna Muñoz, que lo vinculan con el cártel de los Beltrán Leyva.
Indicó que “se hace del conocimiento de Tomás Ángeles Dauahare que, no obstante las equívocas apreciaciones que manifiesta de manera reiterada”, los beneficios de ley que tienen estos testigos no se derivaron de las declaraciones que rindieron en su contra, y sostuvo además que el Ministerio Público “no está actuando de mala fe o induciendo el ánimo de los mismos bajo una premisa de beneficios para ellos”.
Rubio Salgado expuso en el documento que las declaraciones de los testigos “no serán tomadas en lo singular, sino por el contrario serán valoradas en su conjunto con los medios de prueba que se recaben en esta investigación […] todo el caudal de pruebas serán tomadas” al momento de definir si se actúa o no legalmente en su contra.