CIUDAD DE MÉXICO, 11 de diciembre.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a la Ley General de Víctimas, al sobreseer la controversia constitucional promovida por la administración de Felipe Calderón contra el documento aprobado por el Congreso.
Luego de que el ministro Sergio Valls emitiera un acuerdo mediante el cual la SCJN se da por enterada del desistimiento enviado por el presidente Enrique Peña Nieto, el máximo tribunal del país puso fin al juicio solicitado por el gobierno de Calderón, lo cual permite que la ley de víctimas sea publicada proximamente en el Diario Oficial de la Federación.
“Procede sobreseer la presente controversia constitucional por desistimiento de la parte actora, en virtud de que el oficio relativo lo suscribe Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, actual consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, que acredita su personalidad con copia certificada de su nombramiento, expedido el 4 de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de la República, a quien representa en este asunto”, señala el acuerdo de la Corte.
Desde el pasado 19 de julio, fecha en que la Secretaría de Gobernación (Segob) interpuso la controversia, dicha ley permanecía congelada mientras se esperaba la formulación de un proyecto que fuera analizado y discutido por los 11 ministros que integran la Suprema Corte.
El documento de desistimiento presentado por el gobierno de Peña Nieto fue entregado el miércoles pasado a la Oficialía de Partes del tribunal con el fin de que fuera turnado al ministro Sergio Valls, ponente de la controversia constitucional 68/2012.
En su primer mensaje a la nación como Presidente de la República, Enrique Peña Nieto dio a conocer el 1 de diciembre que la Presidencia de la Republica se desistiría de la controversia constitucional interpuesta ante la Corte y ordenaría la inmediata publicación de la Ley General de Víctimas en los mismos términos en que había sido aprobada por el Poder Legislativo.
Fue el 24 de julio cuando la Comisión de Receso del máximo tribunal del país acordó admitir a trámite la controversia constitucional y conceder la suspensión de los actos impugnados y presentados por el Ejecutivo Federal contra el Senado de la República y la Comisión Permanente respecto de la Ley General de Víctimas.
La controversia fue enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fracasar los intentos de Gobernación por conciliar con los legisladores y organizaciones civiles los probables cambios a la ley.
Fue a finales de abril cuando el Legislativo aprobó por unanimidad esa ley que obliga al Estado a darles a las víctimas de la delincuencia y la violencia una indemnización de 949 mil 950 pesos, así como apoyo médico y sicológico.