* La Secretaría de Salud transfirió a los estados en 2013, de manera irregular, los recursos públicos autorizados para la prevención de la obesidad, a fin de que se atendieran enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial, reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Dicha transferencia se realizó sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y se hizo pese a que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 y la FAO, identificaron que México es el país con mayor porcentaje de población con obesidad en el mundo, ya que de los 69 millones de personas de 20 años o más, el 71 por ciento –unos 49 millones-, presentó sobre peso u obesidad.
El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, señaló que esta situación coloca a dicho grupo, el de los obesos, en riesgo de desarrollar enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes e hipertensión arterial.
“De no prevenir la obesidad, la UNAM estimó que el costo de la atención de los padecimientos derivados llegará a 101 mil millones de pesos en 2017, monto equivalente al 85 por ciento del presupuesto ejercido en salud en 2013.
En la presentación del análisis de la Cuenta Pública 2013, en materia de desarrollo económico, el titular de la ASF detalló por otra parte que la subrogación de servicios, es decir, aquellas actividades que entidades públicas contratan con particulares, representan “un área de riesgo” que puede afectar el cumplimiento de las metas de los programas de gobierno.
En este sentido, Portal Martínez se refirió específicamente al ISSSTE y al IMS, que erogaron en global casi 17 mil millones de pesos en lo que corresponde a servicios médicos y de guarderías subrogados a particulares.
Aclaró que la subrogación de servicios no es en sí un problema, pero lo que sí representa “un espacio de vulnerabilidad es la falta de supervisión en materia de seguridad y protección civil en las guarderías subrogadas”, señaló.
Señaló por ejemplo, que los servicios subrogados de hemodiálisis por el IMSS, en 2013, “al carecer los proveedores de infraestructura tecnológica, no suministraron información sobre las sesiones de ese tratamiento, con el fin de incorporarla a los expedientes clínicos”.