CIUDAD DE MÉXICO, 15 de octubre.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pide claridad y, en su caso, modificar algunos puntos del proyecto de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes el cual fue enviado por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión.
En un comunicado emitido este martes, los obispos mexicanos externaron su “preocupación” por el concepto de los “derechos sexuales y reproductivos”, incluido en la mencionada ley, pues no se define su contenido ni alcance y “da lugar a interpretaciones arbitrarias”.
La Iglesia católica mexicana también indica que el término no se encuentra en la Constitución Política y tampoco en los tratados internacionales que vinculan a nuestro país.
Además la CEM percibe que éste transgrede principios en la legislación civil, donde se prevé que un menor no puede realizar actos jurídicos por sí solo ya que, apunta, es altamente riesgoso que se pretenda que niños y adolescentes puedan tomar decisiones sin orientación de sus padres o tutores “en algo tan delicado como es la sexualidad, con implicaciones físicas, sicológicas, espirituales, económicas y sociales en el presente y en el futuro.
“Notamos también que no se da una clara diferenciación sobre el ejercicio de estos derechos en relación con la edad; no es el mismo el grado de madurez de un niño de 11 años que el de una adolescente de 17 años”, argumentó la Conferencia de obispos.
Luego de cuestionar diversos puntos de la iniciativa, sustentan que, con base en el artículo 4 de la Constitución Política mexicana, el desarrollo integral de los infantes y adolescentes debe ser acompañado por las responsabilidades, derechos y deberes de los padres o tutores, como lo señala también el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Los obispos del país llaman a los legisladores a tomar en consideración sus observaciones “para ofrecer una ley que reconozca, promueva y defienda adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes de México y sus auténticos derechos”.
La crítica de la CEM se suma a la que hizo el pasado 5 de octubre la Arquidiócesis Primada de México en un artículo editorial del semanario Desde la fe, el órgano oficial, donde determina que existen “serios defectos” en dicha iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto.
En dicho texto aseguró que “a lo largo del dictamen, las figuras de padre y madre son sustituidas mañosamente por quienes ejercen la patria potestad y la tutela”.
Asimismo agregó que no se defiende el derecho a la vida desde la concepción, diluye el concepto de matrimonio entre un hombre y una mujer como mejor institución del derecho familiar e infiere una tímida y casi nula participación de los padres de familia.