Logra PGR procesar a 109 ex funcionarios

El subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Miguel Ontiveros Alonso informó que hay 120 casos en los que se atribuye responsabilidades a funcionario o ex funcionarios.

La Procuraduría General de la República presumió que durante casi un año de gestión de Marisela Morales Ibáñez al frente de la institución, se ha procedido administrativamente contra servidores y ex servidores públicos que antes ni siquiera eran tocados, debido a los altos puestos que ocupan.

El subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Miguel Ontiveros Alonso, indicó que actualmente hay 120 casos en los que se atribuyen responsabilidades a funcionarios o ex funcionarios de mando superior, es decir, a delegados, ex delegados a subdelegados, titulares de unidad y directores generales.

A dichos mandos se les detectaron irregularidades en la autorización indebida de reservas o no ejercicios de la acción penal, de averiguaciones previas en donde no se habían agotado las líneas de investigación constitucional. En otros casos, abundó, se contaba con los elementos para consignar a sospechosos ante jueces federales y no lo hicieron.

“Podemos decir con orgullo y lo digo claramente por instrucciones de la procuradora Marisela Morales, que no se tiene precedente de que alguna vez se les haya atribuido responsabilidad administrativa por el ejercicio sustantivo de su cargo, a este nivel de servidores públicos.

Sí los ha habido tradicionalmente, en la procuraduría, en contra de policías federales ministeriales, antes agentes federales de investigación, sí para agentes del Ministerio Público, en contra de los peritos de diversas ramas, pero nunca en la historia de la procuraduría se había llegado a tal nivel de la jerarquía de los mandos”, expresó.

Durante la inauguración de foro “Coloquios contra la Corrupción”, Miguel Ontiveros indicó que en 2011, la PGR obtuvo 157 órdenes de aprehensión contra servidores y ex servidores públicos, llevándose a proceso penal a 109, cifra que representa un promedio casi tres veces superior al de los últimos años.