VIENA, 26 de junio.- Pietro Grasso es desde marzo presidente del Senado de Italia tras haber sido fiscal nacional antimafia, por lo que la experiencia le ampara cuando aboga por agilizar la cooperación internacional para luchar contra la “colaboración perfecta” entre la mafia y los narcotraficantes.
Grasso (Sicilia, 1945) se presentó en las últimas elecciones en las listas de la formación de centroizquierda Partido Democrático y su empeño desde la política consiste en entregar “los instrumentos jurídicos a la magistratura para combatir a la mafia y al crimen organizado”.
“Trato de promover en el Senado las leyes que hubiera querido hacer como magistrado para luchar contra la corrupción, el crimen organizado y el lavado de capitales”, explica en una entrevista a Efe.
Retirado después de 43 años de carrera judicial, como juez y fiscal, ha sido considerado el heredero de los asesinados magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, estrechos amigos suyos, en el liderazgo de la lucha contra la mafia.
“La colaboración entre la mafia y los grupos criminales latinoamericanos es perfecta”, asegura.
El experto precisa que hay “un contacto directo, sobre todo entre la ’Ndrangheta calabresa, que cuenta con la exclusividad para transportar grandes cantidades de cocaína desde América Latina”.
La poderosa mafia calabresa operaría desde algunas zonas de México, pero también desde países productores como Colombia, Perú y Bolivia.
El transporte, según el experto, es por vía marítima, porque da la posibilidad de trasladar una mayor cantidad de droga.
Para luchar contra organizaciones criminales transnacionales es necesario mejorar la cooperación internacional y aplicar al pie de la letra las convenciones internacionales contra la delincuencia organizada, destaca.
“Es muy lenta la vía de la cooperación judicial, mientras que la de la cooperación entre los criminales es rapidísima. Ellos no necesitan reuniones internacionales, ni convenciones, ni la diplomacia”, lamenta.
En el aspecto jurídico, recuerda que Italia promueve el conocimiento de su legislación en América Central, que considera “a la vanguardia en la lucha contra el crimen organizado, sobre todo por el poder que otorga para el secuestro y la confiscación de bienes”.
“El principal fin de la mafia es la búsqueda de beneficios: el dinero. Y tratamos de golpearla metiéndole la mano en el bolsillo”, subraya.
El peligro que ve este político es que la mafia pueda burlar la justicia depositando su capital en otros países “refugio” para escapar de las confiscaciones de bienes en Italia, por lo que aboga por armonizar las legislaciones al respecto.
“Tenemos además una ley que establece la utilización social de los bienes secuestrados a la mafia”, como “una forma de devolver a la ciudadanía lo que la mafia le ha quitado”, agrega.
Estos programas, recuerda, financian centros de lucha contra la drogodependencia, actividades culturales, de formación y otros proyectos sociales.
Grasso considera que mejorar la lucha financiera contra el crimen es ahora fundamental porque “la crisis económica ha aumentado el poder de la mafia”.
“La mafia tiene dinero líquido en un momento en el que los bancos han restringido el crédito, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas”, subraya.
Y el dinero de la mafia y del crimen organizado, en general, perturba el funcionamiento de los mercados y supone una competencia desleal para las empresas que cumplen con la ley.
“El capital ilegal causa un trastorno en el mercado porque viene revestido de legalidad, aunque sin asumir los costes, lo que supone una competencia desleal” con quienes sí cumplen la ley, añade.
Por ello, aboga por luchar contra la “lenta infiltración” del dinero negro en el mercado legal, un peligro que afecta en Italia de forma potencial a un tercio de su economía.
También considera que, a escala global, debe haber una verdadera voluntad política para luchar contra la opacidad de los paraísos fiscales.
Recalca que “los paraísos fiscales son un obstáculo para la lucha contra el crimen en general. Es un dinero que no quieren que se conozca. Es un privilegio frente al resto de los ciudadanos que pagan sus impuestos”.
“La idea es una legislación homogénea en todo el mundo, pero eso es una utopía”, concluye Grasso.