CIUDAD DE MÉXICO, 17 de mayo.- Los responsables del retraso, modificación y aumento en el costo de la Estela de Luz podrían estar lejos de ser condenados. Ayer, ocho de los doce acusados de usar indebidamente sus cargos en el proceso de construcción del Monumento del Bicentenario negaron “rotundamente” haber participado en acto ilícito alguno y tener responsabilidad en los retrasos, modificaciones y aumento de costos de la Estela de Luz.
Por el contrario, acusaron ser víctimas de la presión social sobre las autoridades. A través de su abogado, Gabriel Regino García, afirmaron ser chivos expiatorios.
De acuerdo con su argumentación, la decisión que tomaron los ocho ex funcionarios para evitar que la obra se retrasara fue también la que los llevó a un conflicto legal. El 11 de abril pasado, el magistrado del Sexto Tribunal Unitario Penal del Distrito Federal, Enrique Escobar Ángeles, giró órdenes de aprehensión contra 11 ex funcionarios de iii Servicios, empresa subsidiaria de Pemex y encargada del proyecto, y uno de la Secretaría de la Función Pública por el uso indebido de atribuciones y facultades.
Ayer, ocho de los inculpados acudieron a rendir su declaración preparatoria ante un juez federal, ninguno fue detenido porque gozan de una suspensión provisional mediante un amparo, debido a que los delitos que se les imputan no son graves.
A nombre de los acusados, Erick Treviño Lartundo, ex subgerente de Evaluación, Estadística y Mejora de iii Servicios, dio lectura a un comunicado en el que negó “haber cometido delito alguno relacionado con la Construcción del Espacio Conmemorativo y Monumento de la Estela de Luz”.
De acuerdo con el ex servidor público, el 5 de enero de 2010 él y sus siete ex compañeros decidieron como integrantes del Comité de Obra Pública de iii Servicios dictaminar procedente el caso de excepción del proceso de licitación para construir la Estela de Luz y decidieron sustituirlo por invitación a cuando menos tres personas. De esta resolución la empresa beneficiada con la adjudicación de la obra fue Gutsa.
El abogado Gabriel Regino agregó que la decisión y aprobación fue tomada “con el apoyo de la Función Pública y de las áreas legales que intervienen en este tipo de procedimientos”, además de que formó parte de las precauciones primeras para evitar que la obra se retrasara después del 15 de septiembre de 2010.
“La obra tenía que estar lista para los festejos de 2010, si se hubiera hecho una convocatoria abierta era muy factible que se hubieran hecho impugnaciones por parte de las empresas que no lograran obtener el contrato, lo que provocaría que incluso se podía pasar (la fecha de) los festejos del Bicentenario y no estaría listo como se buscaba”, afirmó.
A decir del representante legal, la decisión fue tomada además con respaldo del Articulo 42 de la Ley de Obras Públicas: “Lo que ellos hicieron tiene respaldo legal y de lo que la opinión pública ha tenido conocimiento sobre esta costosa construcción son otros hechos que no son atribuibles a este proceso.
Escalan sus protestas
Activistas de la organización ambientalista Greenpeace escalaron ayer la Estela de Luz para desplegar una pancarta contra la intención de transnacionales de sembrar maíz transgénico en el país.
“Llamamos a Enrique Peña Nieto a que niegue inmediatamente la siembra de maíz transgénico en nuestro territorio, que proteja al maíz nativo, la mesa de los mexicanos”, dijo megáfono en mano la coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de la ONG, Aleira Lara.
Cuatro activistas treparon la Estela, con poco más de 100 metros de altura, después de intentos infructuosos de la policía para impedírselos y ante la mirada perpleja de los transeúntes.
Lara lamentó que el gobierno federal no haya dado hasta el momento “ninguna respuesta” a la petición que Greenpeace presentó formalmente en diciembre del año pasado con el apoyo de al menos 30 mil activistas, pero se mostró convencida de que esta acción haría abrir “los ojos”.
El pasado 25 de marzo, Greenpeace y otras ONG presentaron una demanda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que el Ejecutivo no aceptara las peticiones de las compañías Monsanto, Pioneer y Dow Agrosciences para cultivar maíz en Tamaulipas y Sinaloa.
Reactivarán iniciativa por la paz
La diputada del PRD Elena Tapia Fonllem insistirá en las próximas semanas en conseguir el respaldo del Congreso para convertir a la Estela de Luz en un memorial de las víctimas de la violencia.
Con el respaldo de legisladores de su partido, del PT y de Movimiento Ciudadano, la ex delegada en Iztacalco presentó ya el pasado 11 de abril esta propuesta en San Lázaro. Sin embargo, en ese momento la iniciativa no fue agendada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara para su discusión y eventual votación.
Tapia Fonllem propuso entonces un punto de acuerdo para exhortar al presidente Enrique Peña a cambiar la denominación del Monumento Estela de Luz por Memorial de las Víctimas de la Violencia, Estela de Paz.
Integrante de la Comisión de Derechos Humanos, la diputada perredista se comprometió con el movimiento que busca dicha transformación, la cual incluye además al Centro Digital Estela de Luz, que se nombraría Centro de la Memoria y de la Paz.
El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y la sociedad civil recaban firmas a través de Change.org, donde solicitan a Peña Nieto el cambio.
La iniciativa, firmada por Juan Villoro, Alejandro González Iñárritu, Enrique Krauze, Diego Luna, Gael García Bernal y Javier Sicilia, entre otros, indican que la Estela “lejos de ser un referente legítimo de la identidad compartida y de los anhelos de justicia social que la fecha de 2010 evocó, ha sido motivo de burla, escarnio y humillación, una afrenta en el rostro de la patria que hay que lavar resignificándola”.
En entrevista, Tapia Fonllem afirmó ayer que continuará con sus labores de cabildeo, a fin de conseguir que la iniciativa se presente en la comisión permanente, que actualmente sesiona en el Senado de la República.
Por ahora, la diputada perredista cuenta con el respaldo de medio centenar de diputados, entre quienes figuran el coordinador de la bancada del PRD, Silvano Aureoles, y el vicecoordinador, Miguel Alonso Raya; así como el jefe del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal.
En la exposición de motivos de la propuesta se plantea que el otro memorial que ya existe en homenaje a las víctimas –ubicado en las cercanías del Campo Marte– “no cumple con la legitimidad entre la sociedad civil ni con las características necesarias para recordar y detener el flagelo de la violencia que incluye también la guerra sucia, la represión contra activistas y personas que han sido consideradas simples daños colaterales”.
Los firmantes de la propuesta exponen que con el cambio de denominación se busca que “en memoria de las víctimas se haga un firme compromiso para que los lamentables hechos y los inocultables fenómenos que hoy nos ocupan no se repitan más”.
De aprobarse por la Comisión Permanente, el exhorto se dirigiría a las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, así como al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con el objetivo de que establezcan una mesa de trabajo con representantes de los movimientos y de las organizaciones de víctimas para instalar un Consejo Directivo Ciudadano que diseñaría la puesta en marcha del señalado cambio.