Organizaciones defensoras de los derechos humanos y protección de periodistas aseguraron que los equipos de seguridad instalados por la empresa Grupo LOB-RI SA de CV, como parte de un contrato suscrito con la Secretaría de Gobernación en la pasada administración, presentaron fallas y eran de mala calidad.
La compañía proveedora no cuenta con antecedentes públicos en la venta de este tipo de aparatos, y proporcionó dos domicilios en distintos estados del país.
Ayer, EL UNIVERSAL publicó que la anterior administración de la Secretaría de Gobernación (Segob) reservó por 12 años sin justificación alguna la información sobre un contrato de más de 14 millones de pesos a la empresa Grupo LOB-RI SA de CV, para brindar “infraestructura de seguridad” a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas.
El contrato fue firmado por la entonces titular de Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Omeheira López Reyna, y se adjudicó de manera directa sin opción a compra del equipo.
Fuentes consultadas informaron que el contrato tuvo una duración de un año, pero fue cancelado por “falta de calidad en los equipos”. Según la normatividad, cuando una empresa incumple un contrato, el gobierno la incluye en una “lista negra”, algo que en tal caso no hizo la Segob.
Se buscó a la empresa por medio del número telefónico proporcionado en el contrato, y respondió la consultoría Lobato y Aguirre, cuyo personal quedó en dar una explicación sobre el contrato por más 14 millones de pesos celebrado con la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación para la renta de equipo de seguridad. Sin embargo, no hubo respuesta.
En el contrato se asienta que Grupo LOB-RI SA de CV, cuyo representante legal es Ernesto Lobato Fuentes, acreditó estar legalmente constituida en el año 2009, para lo cual dio fe el titular de la Notaría Pública número uno, de Rosarito, Baja California, Luis Durazo Bazúa.
Pero la empresa, en las fichas técnicas del equipo instalado, proporcionó la dirección un departamento en el conjunto Habitacional José María Velasco en Tlalnepantla, Estado de México.
En octubre del año pasado Grupo LOB-RI instaló 12 cámaras y tres monitores, como parte de las medidas cautelares que fueron rentadas por Gobernación para la casa del migrante “Hermanos en el Camino”, que dirige el padre Alejandro Solalinde, en Ixtepec, Oaxaca. Pero sólo dos funcionan y de manera deficiente.
Solalinde Guerra explicó que ese equipo fue entregado por Gobernación como parte de las medidas solicitadas para protección del albergue que ha sufrido varios atentados.
“De esas 12, sólo dos funcionan, lo dejaron mal, no nos sirve de nada. Las cámaras no tienen buena resolución, no tienen zoom, no tienen sistema para ver en la oscuridad, dijeron que sería a color, pero nada de eso llegó”, dijo en entrevista telefónica.
A la Casa del Migrante Nazareth, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, nunca llegaron los equipos. El padre Jesús Manuel Reyes dijo que a ellos no les tocó ningún equipo, aunque el contrato establecía que debían haber recibido un circuito cerrado de televisión. “Contamos con cámaras como corresponde, pero fueron colocadas por el gobierno estatal, se nos descompuso una y necesitamos arreglarla”, añadió.
Ricardo González, oficial de Seguridad y Protección de Artículo 19, dijo que la Unidad de Gobernación les proporcionó el equipo para protección a periodistas, pero decidieron no instalarlos porque “la persona encargada simplemente no sabía qué iba a instalar”.
“Decidimos no instalar para no poner en riesgo a la persona. Quedaron pendientes de instalar varios equipos, pues no se sabían los requerimientos técnicos, ni el alcance, y seguimos esperando la respuesta”, dijo el activista entrevistado.