DALLAS, 18 de julio.- Un grupo conservador ofreció hoy una recompensa de 100 mil dólares a quien brinde información que revele nombres de funcionarios de la Casa Blanca que supieron de las controversiales tácticas de la Operación Rápido y Furioso.
La recompensa fue publicitada este miércoles en un anuncio de página entera en el diario The Washington Times, por el “Caucus Conservador”, uno de los grupos de activismo político conservador más antiguos de Estados Unidos.
El anuncio invita prácticamente a empleados de la administración del presidente Barack Obama a delatar a algún posible funcionario que pudiera estar inmiscuido en el fallido operativo que permitió el ingreso ilegal de armas a México.
La proclama de la recompensa incita a quienes tengan “pruebas verificables de que el presidente Obama o uno de sus colaboradores sabían de la operación Rápido y Furioso, mientras estaba en marcha” a llamar a un número telefónico gratuito.
“Esta es la oportunidad de salvarte a ti mismo, antes de que la Operación Rápido y Furioso, se desplome como un Watergate”, agregó el anuncio en el que se ofrece la recompensa.
“La verdad va a salir. ¿Serás atrapado en la red de la Operación Rápido y Furioso o podrás evadir la cárcel?”, indicó el texto.
Peter Thomas, quien encabeza el “Caucus Conservador”, dijo que su organización se sintió obligada a ofrecer la recompensa porque no se está haciendo justicia en el caso “y hemos querido ofrecer una oportunidad para que cualquiera que conozca la verdad pueda proporcionarla”.
El operativo fue concebido para rastrear las dimensiones de las redes de traficantes de armas a México, pero se permitió para ello que contrabandistas y compradores que estaban bajo vigilancia, adquirieran rifles y pistolas y los trasladaran a ese país en forma ilegal.
El procurador general, Eric Holder, ha sostenido que él no sabía nada de lo que sucedía con el operativo Rápido y Furioso en el momento en que éste se ejecutó, y exoneró también a otros altos funcionarios del Departamento de Justicia.
El presidente Obama sostiene también que desconocía de la existencia de este operativo.
El Congreso se alista a presentar una demanda civil contra la administración Obama, a la que acusa de retener documentos que pudieran dar más luz sobre los responsables de diseñar y ejecutar el polémico operativo.