Ciudad de México • A cuatro años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, cuyo propósito fue disminuir los índices delictivos en el país, aún falta por concretarse en todos los estados de la República la creación de las Unidades Antisecuestro y poco se ha hecho con los Ministerios Públicos o el Sistema Penitenciario.
De acuerdo con un balance realizado por la asociación México SOS, que preside el empresarioAlejandro Martí, entre los principales logros destaca la aprobación de la Ley de Geolocalización, la Ley de Víctimas, la Ley General contra el Secuestro y la creación del Observatorio Nacional Ciudadano.
Ayer se cumplió un año más en que ciudadanos de distintos sectores y funcionarios de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, signaron el acuerdo que tuvo como objetivo central contar con un convenio en el que se incluyera el trabajo conjunto y coordinado entre todos.
El pacto buscó reconocer la integralidad de la estrategia nacional en materia de seguridad pública y que incluya políticas integrales en materia de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia y análisis legislativo, control de confianza y de comunicación.
De acuerdo con México SOS, al realizar un análisis sobre el avance y/o retroceso sobre cada uno de los 74 puntos que constituyen el acuerdo, entre los logros figuran los alcanzados a nivel Legislativo federal, donde se aprobaron la Ley de Geolocalización, la Ley de Víctimas, la Ley General contra el Secuestro.
“Considerando que el acuerdo por sí mismo fue y ha sido un acierto, nos encontramos con rezagos injustificables, como la falta de creación de las Unidades Antisecuestro que, salvo en casos excepcionales, no existen en el país; asimismo, poco se ha hecho con los Ministerios Públicos o el Sistema Penitenciario.
“Por otra parte, se requiere multiplicar los esfuerzos para el fortalecimiento institucional, a escala federal y especialmente local, los resultados actuales no son suficientes. Estos son ejemplos de aplazamientos muy serios y fuertes particularmente en los estados.
En el balance general nos encontramos con muchos temas que resolver, es claro que no es fácil coincidir y coordinar esfuerzos tan variados, de trincheras tan diversas y en constante movimiento al cambiar los gobiernos de todos los órdenes y los Congresos locales y federal”, señaló la asociación.
CONTROL
De acuerdo con datos del Gobierno Federal, se han destinado 2 mil 60 millones para concretar la creación de los Centros Acreditado de Control de Confianza en el país, para evaluar al personal estatal y municipal.
Hasta la fecha 24 entidades los han incluido en su legislación y siete lo han hecho de manera parcial.
En 2010, solo cinco de los 74 objetivos se habían cumplido ciento por ciento.
Según un diagnóstico de México Unido Contra la Delincuencia, entre los objetivos que no se cumplieron en esa etapa destacaron la falta de una estrategia nacional contra el lavado de dinero, el mejorar la capacidad institucional del Ministerio Público, reforzar las redes de atención a víctimas del delito, regular la telefonía móvil y fija, así como crear campañas para promover la cultura de la legalidad y fortalecer la Atención a personas con problemas de adicciones.