Leonardo Valdés llamó a los actores políticos a evitar acciones que puedan ameritar sanciones pecuniarias, entre otras
El Consejero Presidente del Instituto federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, pidió evitar la promoción de acciones de gobierno y cualquier pronunciamiento que pudiera afectar el desarrollo de las campañas políticas de cara a las elecciones federales de julio próximo.
«A una semana del comienzo de las campañas electorales, reitero mi llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a no promover propaganda gubernamental fuera de los plazos que marca la ley y evitar intromisiones que vulneren la equidad dentro de la contienda electoral», señaló.
En el marco del foro denominado «Los partidos políticos y el futuro de la rendición de cuentas», Valdés Zurita, llamó también a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil a acompañar el trabajo que despliegan las autoridades electorales y a avanzar por el camino donde la confianza ciudadana constituye el asidero de toda democracia.
Recordó que por diversas irregularidades en los informes de precampaña y campaña del proceso electoral federal 2009, y de los informes anuales correspondientes al ejercicio 2010, el IFE impuso sanciones a los partidos políticos por más de 100 millones de pesos.
«Debo señalar que antes del inicio formal de las campañas electorales el próximo 30 de marzo, y una vez revisados los informes de precampaña presentados por los partidos políticos, esta autoridad electoral determinará el número de precandidatos que rebasaron los topes de gastos de precampaña y registrará a quienes cumplan los requisitos para ser candidatos a la Presidencia de la República, al Senado de la República y a la honorable Cámara de Diputados», explicó.
Durante el evento, los líderes nacionales y los representantes de los partidos políticos, coincidieron en sumarse a la propuesta elaborada por la Red por la Rendición de Cuentas.
Dicha iniciativa, que integra a 59 asociaciones e instituciones de la sociedad civil, pretende ampliar y fortalecer el acceso a la información, así como la creación de un tribunal federal autónomo que garantice la rendición de cuentas en todas las áreas de gobierno que reciben y administran recursos públicos incluidos los propios institutos políticos.