* El magistrado de la Segunda Sala Civil Regional de Ciudad Juárez, Eduardo Filiberto Terrazas Padilla, solicitó licencia para ausentarse del cargo “por motivos personales”…
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El magistrado de la Segunda Sala Civil Regional de Ciudad Juárez, Eduardo Filiberto Terrazas Padilla, solicitó licencia para ausentarse del cargo “por motivos personales”, luego del escándalo en que se vio envuelto al ser acusado por su pareja Claudia Guadalupe Delgado Gil de violencia familiar.
Sin embargo, en círculos del Poder Judicial estatal trascendió que el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), José Miguel Salcido Romero, pidió a Terrazas que se separara del cargo mientras se desahoga la investigación iniciada en su contra, pese a que la denunciante retiró la queja y ayer trató de disculpar al funcionario judicial en un texto difundido entre la prensa.
El TSJ informó que Salcido Romero designó como encargada de la Segunda Sala Civil a Olga Cano Moya, quien hasta ahora se ha desempeñado como secretaria proyectista en dicha instancia.
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), que da seguimiento a la denuncia contra el magistrado, consideró que la separación del cargo de Terrazas Padilla es un mensaje importante del Poder Judicial, y advirtió que desde el Movimiento de Mujeres dará seguimiento a las indagatorias.
En entrevista, Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Cedehm, señaló que la investigación debe realizarse con los parámetros de la debida diligencia y sin olvidar que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos.
“Con el fin de garantizar la independencia del órgano judicial, el nombramiento de magistrados y jueces debe seguir criterios objetivos claramente definidos. Se requiere que las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales sean personas independientes, íntegras e idóneas, con capacitación adecuada a su cargo, requisitos que no se cumplen en el magistrado Terrazas”, consideró.
De acuerdo con Castro Rodríguez, a un juez o magistrado hay que exigirle como ideal de su actuación no sólo hacer y decir lo justo, sino ser justo.
“Un magistrado que en su vida privada abusa de su poder, golpea a su esposa, no le importa ejercer violencia en presencia de sus hijos e hijas, además de amenazarlos, es capaz de manipular a la víctima y obligarla a escribir cartas para tratar de justificar la violencia. Todas estas actitudes, además de ser un acto cobarde, y la reiterada negativa de los hechos, a pesar de las evidencias que existen, muestran la estatura y nivel del funcionario. Por ese motivo deja de ser un funcionario confiable en la impartición de justicia para las víctimas de violencia que llegarán a su juzgado”, indicó la directora del Cedehm, basada en la denuncia.
Por ese motivo, subrayó, es importante y trascendente que se realice una investigación con la debida diligencia del caso.
“Esperamos que no le asignen otras funciones como en el caso del juez Cuarto Civil, que fue denunciado por varias víctimas por actos de discriminación. Esta situación hace vigente la petición reiterada de la necesidad de un Consejo de la Judicatura”, asentó por su parte la activista Lucha Castro.
Sobre el desistimiento de la esposa del magistrado, Claudia Delgado, opinó que en 20 años que lleva acompañando a las víctimas de violencia, no ha encontrado un solo victimario de violación, violencia familiar o feminicida que acepte su responsabilidad.
“Todos absolutamente justifican, minimizan e incluso responsabilizan a su pareja: cuando no dicen que son putas, hablan de que están despechadas, etcétera. Aquí estamos frente a un presunto delito de violencia familiar y en contra de niños, niñas, adolescentes que presenciaron la violencia, y agravado por ser un alto funcionario público”, resaltó.
Según Castro, no es la primera ocasión en que un agresor obliga a la víctima a desistirse, ya que es parte del poder que ejercen sobre ellas, y lo que sigue es que puede llevarla con el presidente del Tribunal Superior del estado o con el fiscal general. “No tiene vergüenza”.
La nueva encargada de la Segunda Sala del TSJ, Olga Cano Moya, egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, tiene maestría en Derecho Familiar y Psicología, así como en Derechos Humanos.
Además, tiene carrera judicial, con 15 años como secretaria proyectista, dos como jueza de primera instancia y 10 en el Tribunal Colegiado de Circuito y Juzgado de Distrito.
Por su parte, Filiberto Terrazas es uno de los siete magistrados que supuestamente fueron impuestos por negociaciones políticas y es cercano al gobernador César Duarte.
Terrazas tiene licenciatura en Derecho y su experiencia es en puestos públicos de gobiernos priistas.