CIUDAD DE MÉXICO, 30 de septiembre.- El Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi) calcula que más de dos millones de mexicanos que habitan en 500 mil casas en zonas de alto riesgo deben ser reubicados para evitar tragedias por desastres naturales, como las que se padecen en varios estados a causa de las recientes tormentas.
Viven en zonas de riesgo porque habitan viviendas ubicadas en cauces de ríos o barrancas, expuestos a intensas lluvias y desbordamientos, agrietamientos o hundimientos de terreno y las casas están expuestas a problemas derivados de la mala calidad de los materiales utilizados en la construcción que provocan fracturas y grietas
Se trata de un reto enorme que “no puede postergarse”, se expone en un informe del presidente del Conorevi, Roberto Javier Gaitán Spamer, presentado a funcionarios de los tres niveles de gobierno en la XXIV reunión nacional del Conorevi, concluida el viernes pasado.
De acuerdo con el organismo, en el último sexenio se destinaron más de 200 mil millones de pesos a la reconstrucción de 32 mil viviendas afectadas por fenómenos meteorológicos, y costó 260 millones de pesos la reubicación de tres mil 500 familias.
En este año, en la semana del 13 al 20 de septiembre a causa de las tormentas Manuel e Ingrid, 26 mil viviendas fueron dañadas, principalmente en Guerrero.
El Conorevi detalla que esas dos millones de personas que viven en zonas de riesgo carecen de recursos, viven excluidas en condiciones de inseguridad, insalubres, sin servicios básicos, que en su mayoría están asentadas en cauces de ríos, en barrancas, expuestas a intensas lluvias y desbordamientos, agrietamientos o hundimientos de terreno.
Hoy está programada una conferencia de autoridades federales en la que, entre otros puntos, podría anunciarse la reubicación de miles de familias en Guerrero.
2 millones, en riesgo extremo
Son los más expuestos a efectos del clima y habitan en 500 mil viviendas.
Más de dos millones de mexicanos que habitan en 500 mil viviendas en zonas de alto riesgo en todo el país deben ser reubicados, a fin de evitar tragedias como las ocurridas a causa de los fenómenos hidrometeorológicos Ingrid y Manuel, estimó el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (Conorevi).
Por ello, hoy está programada una conferencia de prensa de la Secretaría de Gobernación (Segob) donde anunciaría, entre otros temas, la posible reubicación de miles de familias asentadas en zonas de alto riesgo, principalmente de Acapulco y otras partes de Guerrero, con el objeto de enfrentar un problema que ha ido en aumento.
De acuerdo con un informe del presidente del Conorevi, Roberto Javier Gaitán Spamer, presentado a funcionarios federales, estatales y municipales en el marco de su XXIV reunión nacional, concluida el viernes pasado en la ciudad de Oaxaca, el reto de reubicación es enorme, pero no puede postergarse.
Se trata de un estimado de dos millones de individuos que se encuentran en grave situación de vulnerabilidad, pues sus familias, además de carecer de recursos económicos viven excluidas, en condiciones precarias, insalubres, sin seguridad, sin servicios básicos, asentadas la mayoría, en cauces de ríos o en barrancas, en tierra de nadie.
Estas personas viven en zonas de riesgo porque habitan viviendas ubicadas en cauces de ríos o barrancas, expuestos a intensas lluvias y desbordamientos, agrietamientos o hundimientos de terreno y las casas están expuestas a problemas derivados de la mala calidad de los materiales utilizados en la construcción que provocan fracturas y grietas.
Hay más cada año
Pero, este universo no es el total de quienes viven en asentamientos irregulares, pues de acuerdo con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett), en México hay más de cinco millones de viviendas ubicadas en estos lugares, con un aumento de 90 mil cada año, y un estimado de población en 2013 que supera los 20 millones.
Al contrastar estas cifras con los datos del Censo de Población 2010 a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que arrojó un total de 28 millones 607 mil 568 viviendas en el país, se establece que 17 por ciento de las casas habitación en México se ubican en distintos asentamientos irregulares.
Pero el tema de la eventual reubicación de las familias que viven en estos lugares, con el agravante, además, de estar en zonas de alto riesgo, se complica al no existir un censo detallado de esta última tipología, reconoció en la semana el subsecretario de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Alejandro Nieto Enríquez.
Reconstrucción
Según el Conorevi, en el último sexenio fueron reconstruidas 32 mil viviendas afectadas por fenómenos meteorológicos, cuyo costo ascendió a más de 200 mil millones de pesos y se reubicaron tres mil 500 familias, lo que representó una inversión de 260 millones de pesos.
Pero este año en sólo una semana, del 13 al 20 de septiembre, a causa de los huracanes Ingrid y Manuel, 26 mil nueve viviendas sufrieron graves afectaciones y de ellas tres mil 850 requieren reconstrucción total, principalmente en Guerrero, señaló la Sedatu.
El reto es de tal dimensión que el subsecretario de Vivienda se adelantó a señalar que “no alcanzará el sexenio para cubrir el déficit de vivienda en el país”.
La investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, Irma Escamilla, dijo a Excélsior que el tema de las casas construidas en zonas de alto riesgo está ligado con el clientelismo político y la recesión económica y aun cuando se reubicara a quienes viven ahí en unos meses dichas áreas volverían a ser ocupadas por familias en condiciones aún más precarias.
“Asentarse donde se puedan quedar, aunque estén en condiciones lamentables, pero va la gente y se asienta, busca dónde refugiarse, aunque sea con palos, tablas, y lo que encuentre para conformar su casa. Hay casas hasta de cartón, lamentablemente, pero con eso ellos dicen que es suyo”, comentó.
Para Escamilla Herrera, el problema de enfrentar los asentamientos irregulares, particularmente los que se ubican en zonas de alto riesgo, debe atenderse por los tres niveles de gobierno y la normatividad debe hacerse cumplir, aun con la fuerza pública, para evitar desgracias mayores.
Sólo cinco entidades tienen actualizado Atlas de Riesgos
De las 32 entidades del país, sólo cinco cuentan con un Atlas de Riesgos avanzado y actualizado que les dé las herramientas necesarias para reaccionar ante desastres naturales, tales como sismos, huracanes, inundaciones o sequías, concluye un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Elaborado este mismo año para determinar las fortalezas y debilidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Si-
naproc), el documento señala que sólo Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz poseen mapas de riesgo eficientes, pues son los mejor estructurados en tres áreas: terremoto, huracán e inundación.
En contraste, el Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México refiere que los casos más críticos son Durango, Baja California Sur, Quintana Roo y Sinaloa, pues sus atlas apenas están en construcción.
En esta tardanza, la OCDE destaca los casos de Sinaloa, entidad que el pasado 19 de septiembre fue golpeada por el huracán Manuel, el cual dejó 140 mil damnificados y 30 por ciento de su red carretera inservible; y el de Quintana Roo, puerta de entrada de los ciclones que se forman en el océano Atlántico y que en 2005 fue arrasado por el huracán Wilma.
De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), los mapas de riesgos son herramientas para salvar vidas, ya que “permiten integrar y difundir los resultados de los análisis de peligro, de vulnerabilidad y de riesgo”, con el objetivo de “emitir recomendaciones para la oportuna toma de decisiones y establecer medidas de prevención y reducir al máximo el número de víctimas”.
Entre 1970 y 2011, los desastres naturales han dejado en México 13 mil 243 personas muertas, la mayoría de las cuales son atribuibles a sismos (siete mil 259); le siguen los huracanes (dos mil 715 fallecimientos) y las inundaciones (dos mil 119).
El documento de la OCDE consigna que cinco estados del país tienen un progreso “medio” en el diseño de sus Atlas de Riesgo. En ese grupo están Baja California (con mayor grado de avance en el rubro de terremotos e inundaciones), Distrito Federal (no incluye mapeo sobre huracanes), Hidalgo, Estado de México (con mayor énfasis en lluvias) y Querétaro (no incluye acciones contra huracanes).
Rezago subnacional
El análisis del organismo internacional reconoce que, desde su creación, en 1985, el Sistema Nacional de Protección Civil ha logrado reducir el número de muertes en desastres naturales, pero alerta que “los Atlas de Riesgos están menos desarrollados a nivel subnacional”.
El organismo recomienda a México crear mayor congruencia entre la gestión de riesgos, la planeación territorial y el desarrollo urbano, y la adaptación al cambio climático.
Excélsior hizo una revisión de los sitios web de los estados y descubrió que no todos los Atlas de Riesgos están disponibles. Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, Tabasco y Zacatecas no tienen sus bases de datos disponibles al público en internet.
Otro de los problemas con los Atlas de Riesgos estatales es que muchos tienen más de diez años de creación y no han sido actualizados a las nuevas realidades.
Sobresalen los casos de Oaxaca y Yucatán, cuyos planes de acción ante emergencias fueron creados en 2003 y permanecen sin cambios.
Lo mismo ocurre con Guerrero, cuyo Atlas de Riesgos data de 2006 y presenta avances “básicos” en terremotos e inundaciones; así como con Campeche e Hidalgo, donde las bases de datos corresponden a 2004 y 2006, respectivamente.
Tamaulipas
La mayoría de municipios carece de drenaje
En Tamaulipas la mayoría de los 43 municipios cuenta con riesgo de inundación en sus colonias, al no existir redes de drenaje pluvial, fuertes lluvias y por estar situadas en las márgenes del Río Bravo. Al caer de tres a seis pulgadas de lluvia en pocas horas en Nuevo Laredo, sufren de afectación en sus calles, avenidas y viviendas, habitantes de las colonias Lomas del Río, Villas de San Miguel, Voluntad 4, El Campanario, Itavú y Blanca Navidad, con más de 20 mil habitantes.
En caso de creciente del Bravo, cuatro mil habitantes de las colonias Remolino, Fovissste, Benito Juárez y Victoria, deben abandonar sus hogares.
Juan Ernesto Rivera Gómez, director de Protección Civil, destacó que de las 246 colonias con que cuenta Nuevo Laredo, unas 14 se encuentran en áreas de inundaciones por ubicarse en zonas de alto riesgo ante eventuales desbordamientos del Río Bravo o de los arroyos que lo alimentan.
En Altamira son más de 20 las colonias afectadas que se encuentran en zonas bajas, familias de las colonias Martín A. Martínez, Presidentes, Los Nogales, Gema, El Triunfo y Guadalupe Cervantes, sufren por las constantes lluvias.
En Tampico, son ocho colonias ubicadas en el margen poniente de la Laguna Carpintero. En Ciudad Madero son 42 colonias que sufren de inundación, afectando a más de 25 mil personas.
Morelos
Cerca de ríos y barrancas, 122 colonias
En Morelos existe un total de 122 colonias en 16 de los 32 municipios que hay en la entidad, susceptibles de ser afectadas por las inundaciones, principalmente ubicadas en la ribera de los cuatro ríos que cruzan por la entidad y barrancas ubicadas en Cuernavaca, Jiutepec, Tlayacapan y Cuautla.
En estas 122 colonias hay un total de cuatro mil 152 viviendas, las cuales son habitadas por 17 mil 89 personas, quienes de manera regular resultan damnificadas al vivir en zonas de alto riesgo de inundaciones.
El municipio más peligroso en materia de inundaciones es Yautepec, donde hay 852 viviendas de alto riesgo y viven cuatro mil 180 personas. Le sigue Tlaltizapan, con 905 casas en riesgo de posibles inundaciones.
El tercer lugar de peligrosidad es Cuautla, donde hay un total de 678 casas susceptibles de inundaciones y, finalmente, el municipio de Amacuzac, es uno de los más riesgosos, con 380 casas, donde viven mil 500 personas, de acuerdo con reportes de autoridades.
Nuevo León
Desafían a la naturaleza
Aunque en cada ocasión que hay fuertes precipitaciones, como las de los huracanes o tormentas tropicales, decenas de familias en Nuevo León se enfrentan a riesgos, siguen viviendo en los márgenes de ríos.
Por ejemplo, en el municipio de Monterrey se pueden citar a los habitantes de las colonias San Ángel Sur, que viven a escasos metros del cauce del río La Silla.
A pesar del peligro en cada venida de agua, los ciudadanos continúan en ese sitio, sin que hasta el momento las autoridades hayan hecho algo al respecto.
Victorina Hernández, vecina de la colonia Condesa, explicó que llevan años viviendo en el sitio y que han desafiado los huracanes Gilberto, Alex y ahora a la tormenta tropical Ingrid.
“Qué le va a hacer uno si resulta que aquí tenemos nuestra propiedad y salvo que ya veamos el peligro grande es cuando nos salimos. Hemos vivido ya inundaciones y pérdidas materiales”, explicó.
Cabe destacar que en 2010, tras el paso del huracán Alex por la región, se habló de la reubicación de las familias de esa colonia, sin embargo, eso no se concretó a pesar de las pérdidas materiales que dejó.
En el municipio de Santa Catarina también existe otro grupo de familias que viven en las márgenes del río del mismo nombre, así como en el municipio de Linares.
Yucatán
Edificaron sobre ciénegas
En Yucatán la falta de ríos y montañas no es una condición para la invulnerabilidad de una amplia zona costera que está expuesta a uno de los fenómenos más destructivos en la región, como son los huracanes.
Progreso, el principal puerto de la entidad, ha registrado un incremento de habitantes que ha originado asentamientos humanos en zonas aledañas a la ciénaga que incluye una franja de varios kilómetros que va desde la parte sur de Chixchulub hasta Chuburná Puerto, cuyos habitantes corren el riesgo de sufrir inundaciones.
Durante los meses de diciembre a marzo las afectaciones a la costa se originan por la presencia de los llamados “nortes”, fenómenos que provocan daños por inundación por lluvias y marejadas; también derriban árboles, troncos y otro tipo de material como vidrio, cartón y plástico que con el paso del tiempo se vuelven combustible para incendios forestales los cuales ocurren en los meses siguientes, de marzo a mayo.
Muchas de las casas humildes asentadas en esta zona costera contienen habitaciones únicamente hechas con láminas de cartón y con un tipo de suelo ganado a la ciénaga a base de los propios desechos y escombros. Y aunque han habido esfuerzos oficiales para reubicarlos lo cierto es que no se ha avanzado.
Guanajuato
“Nunca ha pasado nada”
Las tormentas de las últimas semanas en este punto del Bajío han revelado las carencias de la cultura de seguridad de la población leonesa. De acuerdo con la Dirección de Protección Civil de León, miles de personas ignoran los llamados a respetar los cauces de los ríos y arroyos, así como las orillas de barrancas y cañadas, lo cual puede ocasionar un siniestro.
El director general de Protección Civil de León, Crescencio Sánchez Abúndiz, resaltó que en el municipio hay ejemplos de lo que no se debe hacer en términos de seguridad, y, lamentó, éstos son muy numerosos, casi incuantificables, porque se encuentran en asentamientos irregulares en la periferia de la mancha urbana, así como en comunidades rurales.
Entre ellas destacan Los Jacales y San Juan de Otates, en donde un río divide la comunidad rural que se encuentra incrustada en una cañada en la Sierra de León.
La calle del Río en San Juan de Otates es ahora literalmente un río. Las construcciones que se han edificado en sus márgenes forman hoy una suerte de canal. El agua es el resultado del desfogue de la Presa de San Juan de Otates, que hoy se encuentra a su máxima capacidad y desfogando.
—¿Hay peligro?
—Sí… Sí. El problema es que hay mucha sierra atrás de los cerros y si llueve en esa zona, como está oculta, nadie se da cuenta. Entonces si le empieza a entrar mucha agua a la presa, empieza a desfogar. Imagínate, por ejemplo, a las 3 de la mañana que empieza a desfogar y que nadie se da cuenta.
La buena noticia, según Crescencio Sánchez, es que la cortina de la presa de almacenamiento de esa localidad, está íntegra, de acuerdo con sus revisiones.
Pero a la gente que habita San Juan de Otates, las recomendaciones de Protección Civil les tiene sin cuidado.
“Pues qué le vamos a hacer, yo vivo aquí desde chiquita y nunca ha pasado nada, no creo que ahora haya problema”, reclamó Doña Lencha, quien a sus 70 años sube un puente metálico para cruzar la calle del río.
El titular de Protección Civil en León, Crescencio Sánchez, destacó que asentamientos como Lomas de Guadalupe, Santa Cruz, Lomas de Ibarrilla y San Juan de Abajo, presentan viviendas en verdadero peligro.
Oaxaca
“Falta a autoridad mayor inspección”
La Sedatu afirma que se abandonó el papel regulador de gobiernos.
De los 570 municipios que conforman la entidad oaxaqueña, 186 son de alto riesgo, debido a que en los últimos 15 años se han presentado inundaciones, según el Atlas Estatal de Riesgos elaborado por el Instituto Estatal de Protección Civil (IEPC).
El compendio indica que son 138 municipios cuya altura sobre el nivel del mar rebasa los dos mil metros, los cuales son considerados de alto riesgo, por lo que en temporada invernal se han presentado heladas y bajas temperaturas.
Alejandro Nieto Enríquez, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), reconoció que la construcción de viviendas en zonas de riesgo en Oaxaca obedece a una falta de política en la ubicación de casas, pues los gobiernos federal y estatales no tuvieron durante muchos años el papel que debieron jugar en criterio de una normatividad y regulación estricta, para evitar este tipo de problemas.
“El problema de los gobiernos locales es que no siempre tienen las capacidades administrativas para poder afrontar fenómenos naturales, ni las capacidades de inspección”, expresó el funcionario federal.