*La Contraloría del instituto critica la “desorganización del crecimiento” de la nómina y sugiere simplificar el tabulador de cargos y anteponer criterios de capacidad a filias y afectos…
CIUDAD DE MÉXICO.
Mientras que para la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral (INE) la plantilla laboral del Instituto se ha convertido en una presión presupuestal y obstáculo para reducir el costo del instituto, para el consejero presidente Lorenzo Córdova el crecimiento de la estructura ocupacional, debido a las nuevas facultades otorgadas por las reformas electorales, es uno de los argumentos para mantener la decisión de construir otras instalaciones.
Si bien la Contraloría coincide con los consejeros en la necesidad de ahorrar en rentas inmobiliarias (otro de los argumentos de los consejeros), la dependencia a cargo de Gregorio Guerrero considera que las reformas electorales no pueden utilizarse para soslayar y permitir la “desorganización del crecimiento institucional,” que permite duplicidad de funciones e incorporación a la plantilla permanente de trabajadores eventuales que habían sido contratados sólo para elecciones.
En su Informe Previo de Gestión, entregado al Consejo General en agosto pasado, el contralor puntualiza que siguen existiendo duplicidades de funciones en el instituto, lo que junto con el pago de rentas inmobiliarias y otros procesos se convierten en las “debilidades administrativas” del INE.
El documento no detalla el número de plazas que duplican funciones, pero hay que mencionar que mientras en 2004 la plantilla por nómina constaba de nueve mil 7 trabajadores, la de honorarios se situaba en cuatro mil 145 trabajadores, pero para 2014 la nómina se había incrementado marginalmente a nueve mil 539 empleados y los trabajadores por honorarios se dispararon a 14 mil 987, en tanto que en años electorales el número de honorarios se eleva en varias decenas de miles.
INFORME DEL CONTRALOR
En el documento que a mediados de año entrega el Contralor al Consejo General, el área encabezada por Gregorio Guerrero Pozas sugiere que tan pronto termine el proceso electoral 2014-2015, “se puedan orientar los esfuerzos institucionales en las principales debilidades administrativas, como la revisión de las dimensiones de la plantilla laboral y su reestructura; la transformación del proceso para la elaboración, calendarización y el gasto del presupuesto institucional; la sistematización y automatización de la operación administrativa; la ejecución de las distintas medidas para atender la problemática inmobiliaria, y la implementación del Marco Normativo de Control Interno en los procesos sustantivos y fundamentalmente en los procesos administrativos”.
El informe critica el argumento del crecimiento del instituto por las necesidades planteadas por las reformas electorales al explicar que se realizó un análisis de los contenidos de la Legipe y el reglamento interior del instituto “a efecto de corroborar su alcance, contenido y consistencia” y se encontró que tanto la ley como el reglamento se refieren a atribuciones “aparentemente complementarias” entre distintas unidades responsables “que pudieran representar duplicidades de esfuerzos, ineficiencias y elevados costos de operación si la “coadyuvancia” y “colaboración” no se delimitan con claridad.
Se destaca que se encontraron en el Manual de Organización del INE funciones de unidades que actualmente ya no opera, no se consideran los objetivos y funciones específicas de aquellas que han sido modificadas con la Reforma ni se contienen los objetivos y funciones de las de nueva creación.
“Más aún”, dice el documento, “presenta funciones duplicadas, en coincidencia con lo que en su oportunidad señaló el despacho externo Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en el diagnóstico organizacional que realizó al entonces IFE, en el que reveló hallazgos que continúan siendo áreas de oportunidad no atendidas”.
Entre las sugerencias que hace la Contraloría se encuentra el “resolver la grave problemática operativa que le impide regresar la dimensión de su estructura ocupacional al volumen previo al inicio del proceso electoral, ya que sistemáticamente acumula algunas de las plazas originalmente solicitadas como apoyo para la organización comicial perpetuándolas en la estructura orgánica fija de la institución. (…) El costo de la estructura ocupacional es el principal elemento de presión de gasto y constituye el mayor obstáculo para reducir el presupuesto del INE”.
Se agrega que las nuevas atribuciones exigen la incorporación de estructura en las áreas de reciente creación, pero esto no impide corregir las duplicidades, evaluar cargas de trabajo, identificar las tareas estacionales, simplificar el tabulador de puestos, “anteponer criterios de capacidad y habilidades a la antigüedad, filias y afectos”, la fusión de departamentos y regularizar las plazas comisionadas, entre otras cosas.
En el Informe Previo de Gestión del Contralor se menciona que la problemática y actualización del Programa de Infraestructura Inmobiliaria al 2017 ciertamente se lleven a cabo, en tanto se emprenda una revisión distrital para la ubicación tanto de mejores espacios como de menos arrendamientos.”