Salvador González afirma Raúl Melín no tuvo calidad moral, fue regidor pero estuvo al pendiente “mamando de lo que podría ganar en juicio laboral, ganará varios millones de pesos, eso no es tener calidad moral”
Regidores panistas afirman hay torpezas de esta administración pues a la fecha hay 90 demandas con golpe a las finanzas, de entrada a pagar 20 millones de pesos
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Regidores priistas y panistas, se enfrascaron en una discusión por el nombramiento de un abogado que se hará cargo del expediente 489/2004-D de varios empleados despedidos al parecer de manera injustificada, acción que el Tribunal de Escalafón y Arbitraje, dio sentencia para que la comuna desembolse 20 millones de pesos en juicios de este caso perdidos.
Argumentan priistas que es necesario tomar en cuenta la revisión técnica de los casos por este abogado propuesto en sesión, y en especial el alcalde, Salvador González secundado por Carlos Efraín Yerena, sacaron a relucir al tema de Raúl Melín.
Fue jefe de participación ciudadana, terminó la administración y no tenía derecho a reclamar nada – dijeron-, demandó sueldos caídos y despido injustificado, luego – argumentan-, salió a pedir el voto se convirtió en regidor cobro como tal los tres años en el gobierno de Javier Bravo Carbajal y ahora recibirá varios millones de pesos, luego de la sentencia.
“Estuvo mamando del presupuesto y ahora reclama sueldos caídos, eso no es tener moral”, dijeron.
En respuesta, ediles panistas respondieron eso es por incapacidad de las defensas de quienes han ocupado las sindicaturas y señalaron que en esta administración ya van 90 demandas de juicios laborales, lo que provocará un descalabro a las arcas municipales.
El síndico Fernando Castro Rubio, negó tal panorama.
Al final de cuentas se tienen que pagar los 20 millones de juicios laborales, asentados en el expediente 489/2004-D, dijo la regidora Dulce María Flores.
No se debe autorizar a nadie supervisar, si las cosas están bajo sentencia, en alusión a que se aprueben facultades para este caso en especial al licenciado Leopoldo Castellano.
La polémica se suscitó porque se dijo que es un asunto resuelto y notificado al ayuntamiento, son los laudos por 20 millones de pesos, “entre más se alargue el asunto, más se complicará y habrá daño al patrimonio municipal”, señaló Héctor Gallego de Santiago, regidor de oposición.
Más costoso saldrá pagar a los trabajadores, dijo el edil, por su parte el síndico señaló que es necesario se de seguimiento puntual a este caso.
Al hacer uso de la voz, el alcalde Salvador González, acusó que es una lástima en este caso esté incluido Raúl Melín, quien cobrará millones de pesos, por sta situación, primero pidió el voto como candidato a regidor a su vez, pasó tres años cobrando como edil y quiere cobrar sueldos caídos de cuándo fue servidor público.
Gente como Melín, en su momento regidor trae un caso de denuncia de cuando fue jefe de participación ciudadana.
Hubo una polémica entre regidores por la falta de capacidad para negociar en su momento la liquidación.
Salvador González insistió que en el caso de Melín, hizo lo que no se debe hacer sabía que al cambio de administración, debe salir sin reclamar nada, “está mamando de un juicio cuando fue funcionario y cobrando cuando fue regidor, no tiene calidad moral, es de calidad moral y no legal”.
Carlos Efraín Yerena regidor priista, calificó las declaraciones de Héctor como “aberrantes” es un expediente con pérdida de 20 millones de pesos, de denuncias por varios casos y recordó que de 100 personas, en lo original 20 ganan, en primera instancia el síndico gana y los demás se van a amparos, 80 pierden los casos.
Esos 20 son ex trabajadores del partido al que perteneces, Héctor, le dijo Efraín.
La propuesta fue de Fernando Castro Rubio como síndico municipal, quien ante el máximo órgano colegiado de gobierno municipal, para que de acuerdo con la fracción XXII el artículo 11 del reglamento orgánico de gobierno y administración pública del municipio de Puerto Vallarta, presentó al pleno la propuesta de delegar la representación jurídica del gobierno al abogado Leopoldo Ignacio Castellano Torres, mediante otorgamiento de poder con amplias facultades en materia laboral, en virtud de las diferentes diligencias en las que el suscrito debe representar en la ciudad de Guadalajara y Puerto Vallarta y a veces en los mismos días, por lo que no es posible estar al mismo tiempo en dos lugares distintos.
El asunto en concreto que se solicita delegar es el de la representación jurídica en el ayuntamiento, es el 489/2004-D, que se desarrolla en el Tribunal de Arbitraje y escalafón de Jalisco, facultando para ofrecer pruebas, interponer cualquier recurso, amparo y en general facultades en materia laboral.
Es la propuesta que presentó ante sesión de ayuntamiento, el síndico Castro Rubio.