Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que restringen el fuero militar fortalecen el estado democrático de derecho y abren la vía para redefinir la actuación de las Fuerzas Armadas y el uso legítimo de la fuerza, coincidieron especialistas en el tema.
Con los fallos emitidos se confirma la tendencia a acotar el fuero de guerra a las faltas o delitos estrictamente relacionados con la disciplina militar, ya sea mediante criterios generales o con jurisprudencia, dependiendo de los resultados del debate, coincidieron en entrevistas por separado.
Javier Angulo Nobara, especialista en derecho constitucional del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que la restricción del fuero castrense era un debate pendiente en el país desde 1857, cuando éste se acotó al ámbito estrictamente penal.
“Con estas resoluciones vemos que, por primera ocasión desde 1857, se está terminando con los fueros en el país y se deja de generar desigualdad acerca de los tribunales donde los ciudadanos debemos ser juzgados”, sostuvo.
El experto consideró que los fallos, tanto los ya emitidos como los que derivarán del estudio de los 28 amparos relacionados con el fuero de guerra, serán precedentes importantes que permitirán a los tribunales colegiados generar la jurisprudencia necesaria para enfrentar y resolver los casos de militares que cometan delitos relacionados con la disciplina castrense.
“No importa que de la discusión deban salir 28 o 30 criterios generales con las especificidades de cada uno de los casos, lo que realmente importa es que se está sentando un gran precedente, en el sentido de que se acabaron los fueros”, dijo el especialista.
El también director de la Clínica de Interés Público del CIDE planteó que el debate en la Corte también tendrá que reflejarse en políticas públicas y lineamientos de actuación de las Fuerzas Armadas.
“Se tendrán que generar protocolos y manuales de actuación del Ejército, sobre todo en este contexto de macrodelincuencia que estamos viviendo”, dijo Angulo.
“Ganan los ciudadanos”
Juan Carlos Gutiérrez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), afirmó que la restricción al fuero militar fortalece al estado democrático de derecho y a la jurisdicción castrense, y reabre el debate sobre la necesidad de lineamientos para el uso legítimo de la fuerza pública.
El organismo ha litigado ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y CoIDH, respectivamente) varios casos de violaciones a derechos humanos por parte de militares, entre ellos el de la desaparición forzada de Rosendo Radilla.
De la sentencia de la CIDH se derivó en julio pasado el fallo de la Corte que acotó el fuero castrense y la decisión de atraer los 30 asuntos en estudio para generar la jurisprudencia correspondiente.
“Con estas resoluciones se fortalece el acceso a la justicia y a las normas del debido proceso para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y se garantiza mayor independencia y transparencia, [mismas] que en el fuero militar están restringidas por la estructura vertical de las Fuerzas Armadas”, dijo.
Sin embargo, consideró que en la restricción al fuero militar la disciplina es el punto de partida, no el de llegada, para avanzar en el respeto y la plena vigencia de los derechos humanos en el país, pues los tribunales civiles y la justicia ordinaria tampoco son garantía del fin de la impunidad.
El activista comentó que el mensaje para la jurisdicción civil es muy claro, pues a partir de estos fallos la Procuraduría General de la República (PGR) debe emitir un acuerdo general a todos sus agentes del Ministerio Público, a fin de que no cedan la competencia al fuero militar, como regularmente lo hacen, en la investigación de violaciones a derechos humanos por militares.
“El mayor beneficio lo recibirá la ciudadanía, pues las víctimas tendrán un mayor acceso a la justicia”, señaló.
Cambios a Ley de Seguridad
José Luis Piñeyro, especialista de la UAM-Azcapozcalco, consideró que el debate en la Corte es positivo, pues confirma una tendencia a acotar el fuero militar, que es acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y con los principios de los estados democráticos de derecho.
Sin embargo, afirmó que la Corte no es la única responsable en el tema; los poderes Ejecutivo y Legislativo también tienen tareas pendientes, dijo.
“Habrá que esperar las modificaciones al Código de Justicia Militar que propuso el presidente Felipe Calderón en este tema, pendientes en el Congreso. Están todavía en la congeladora las adiciones a la Ley de Seguridad Nacional, que establecen lineamientos para la actuación de las Fuerzas Armadas”, detalló.
Consideró que esos cambios son necesarios para fortalecer los criterios que está fijando la Corte sobre los límites al fuero de guerra, pues “dada la costumbre política de respetar la jurisdicción militar, se requieren lineamientos precisos que puedan seguir los juzgados y tribunales federales”, dijo.