En nuestro país 41 niños desaparecen al día, por lo que en los últimos cinco años se han extraviado más de 75 mil menores.
Además, de acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Unicef, entre 16 mil y 20 mil niños mexicanos son víctimas de traficantes.
Ante esta problemática, el partido Nueva Alianza en la Cámara de Diputados consideró que las autoridades, los actores políticos y la sociedad en su conjunto, deben actuar unidos para responder de manera responsable y contundente.
Por ello, el coordinador de esa bancada en San Lázaro, Jorge Kahwagi, presentó una iniciativa para reformar el Código Federal de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal; la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley de Asistencia Social, y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
El propósito es evitar, en la medida de lo posible, el extravío o la sustracción de menores de edad, así como ampliar las penas de cárcel para quienes priven de la libertad con lujo de violencia a las personas y así dar una respuesta amplia a la problemática que enfrentan muchas familias por la desaparición de sus hijos o hermanos.
En la propuesta, se argumenta que los niños y adolescentes extraviados o secuestrados son las víctimas propicias para el crimen organizado porque no oponen resistencia, no tienen a quien recurrir y además, en ocasiones no tienen noción sobre su origen y procedencia, y en otros casos son amenazados con causarles un mal a ellos o a sus familias.
Nueva Alianza propone pena de cuatro a ocho años de prisión cuando se prive a alguien de la libertad con violencia y la víctima sea menor de 16 o mayor de 60 años de edad, o cuando por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta. Asimismo, una pena de cuatro a 10 años, cuando se trate de menores de 12 años.
Busca también que las autoridades competentes hagan los convenios necesarios para establecer un protocolo de búsqueda y localización inmediata de menores reportados como desaparecidos en centros y plazas comerciales, predios u oficinas públicas, edificios, bienes inmuebles y lotes, para implementar de manera inmediata el protocolo de seguridad, decretar la guardia o el cierre de las zonas de acceso y salidas del lugar hasta que se recupere al infante.
Estas normas serán registradas ante el Organismo Público del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y los Sistemas Estatales, del Distrito Federal y Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, enfatiza la propuesta de Kahwagi.
La iniciativa plantea imponer la obligación para que el ministerio público, una vez que reciba la denuncia de la desaparición de un menor, inmediatamente tome las medidas urgentes para su búsqueda y localización de la persona y no esperar el plazo perentorio que ahora se impone, para lo cual actuará con la oportunidad y prontitud debida.
Considera que si la representación social no acciona con la rapidez de la caso, las víctimas podrán ocurrir en queja ante el procurador, quien deberá imponer al agente del ministerio público las sanciones administrativas y penales correspondientes por hacer caso omiso.