Por la muerte del mexicano Juan Pablo Santillán -originario de Matamoros-, quien fue baleado por agentes de la Patrulla Fronterizala mañana del 7 de julio, sus familiares presentaron una demanda por daños civiles en la Corte estadounidense.
La familia del joven asesinado en territorio mexicano ha sido asesorada por el Vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Canaco Matamoros, Gerardo Acevedo Danache, quien en su momento condenó el ataque y demandó la intervención de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para esclarecer el hecho.
De manera subsecuente, el gobierno mexicano, a través de su cancillería, se sumó a esta condena, y a nivel legislativo los senadores de la fracción panista Luis Alberto Villarreal y Adriana González presentaron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para que la Secretaría de Relaciones Exteriores procediera a interponer una solicitud de detención provisional con fines de extradición de los agentes fronterizos involucrados.
A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se solidarizó con México demandando del gobierno estadounidense una investigación profunda del incidente de Brownsville; ya que consta en expedientes que este no es un hecho aislado, haciendo mención de los casos de los mexicanos Anastasio Hernández Rojas, y del menor Sergio Adrián Hernández.
Acevedo Danache señaló que es una señal en la dirección correcta que la familia de Juan Pablo Santillán presente su demanda civil en la corte de los Estados Unidos pero, a su vez se mostró preocupado por la falta de intervención pública del consulado de México en Brownsville.
«El consulado se ha concretado a hacer un trabajo de integrar el expediente y cubrir las formas, pero se ha quedado corto en exigir resultados y en apoyar jurídicamente a la familia de la víctima, nosotros no hemos podido constatar que las acciones legales emprendidas por la familia Santillán sean apoyadas por los abogados consultores de nuestra representación consular en Brownsville».
Por otro lado, Acevedo Danache consideró que al haber ya transcurrido el plazo establecido en el exhorto de la Comisión Permanente a la Cancillería, Relaciones Exteriores debería cumplir en tiempo y forma con este requerimiento.
La información obligatoriamente debe ser del conocimiento general, ya que es fundamental el saber qué protocolos se acordaron para el manejo de la violencia en la frontera común, remarcó.
«Los mexicanos en el exterior deben contar no sólo con la asesoría legal adecuada sino con todo el apoyo de su gobierno, quien está obligado a defender los interés nacionales en el exterior lo que incluye a sus ciudadanos», añadió el vicepresidente de la Canaco de Matamoros.