CIUDAD DE MÉXICO, 17 de marzo.- En la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el PRI se pronunciará por el castigo a los autores de los desfalcos encontrados en diversos sectores en la Cuenta Pública de 2011, adelantó la diputada Lourdes Quiñones Canales.
Secretaria de ese órgano legislativo, la legisladora informó que el próximo 15 de abril recibirán de la ASF un informe pormenorizado de casos en los que se hallaron actos de corrupción de servidores públicos.
La legisladora priista de Durango, quien pertenece además a las comisiones de Hacienda y de Infraestructura, se refirió al caso de la Estela de Luz: “No es posible que se presente un presupuesto y pidas que se te apruebe una obra por mil 300 millones de pesos y luego la saques en dos mil 600”.
Se refirió al puente Baluarte, construído en su entidad, considerado el más grande de América Latina: “Costó mil 800 millones de pesos. No es posible que la Estela de Luz haya costado lo que costó. No tiene ni siquiera el tamaño, la proporción de la obra magna que se hizo en Durango”.
Interrogada respecto a si habrá castigo a los responsables del peculado que se pruebe como tal en el sexenio anterior, la legisladora expresó que las leyes vigentes permitirán proceder en tal sentido y evitar la impunidad.
“Lo que necesitamos es voluntad política, y ésa la tenemos. Tiene que haber castigo, independientemente del color político de los responsables. Esperamos que los involucrados en los tres niveles de gobierno sean sancionados y salgan de circulación, definitivamente. Tenemos que darle cuentas a la ciudadanía, y frenar este incremento escandaloso de corrupción frente al cual no pasa nada”, comentó.
“Es lamentable que a estas alturas, con todas las herramientas disponibles para presentar la información, salgan todavía con tantos desfalcos, porque así se ve y así lo indicó el auditor, de mucho dinero que no se encuentra”, señaló.
Fin a contratistas incumplidos
Cuestionada sobre los desfalcos en el caso Pemex y sobre la necesidad de desmontar cualquier cadena de corrupción antes del debate sobre la reforma energética, la diputada del PRI señaló que el problema de los desfalcos por incumplimiento de contratistas del sector privado también se presenta en los sectores de comunicaciones, educativo y de salud.
Pero confió en que, en el marco de la revisión ahora en curso de la Cuenta Pública de 2011, habrá la oportunidad de actuar en contra de los servidores que incurrieron en actos de corrupción.
“Porque no aguantamos más que nos sigan viendo la cara de tontos. No es posible tanto desfalco. No es posible que los funcionarios de gobierno que llegan a los tres niveles crean que el dinero que pasa por ahí, que les toca administrar, sea de su peculio”, señaló.
Confió en que los cambios institucionales previstos en la materia, como la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para darle paso a la Comisión Anticorrupción, permitirá elevar las sanciones correspondientes.
“Si hubo desfalco, si hubo gastos injustificados, que los pague el responsable con cárcel y que sea suspendido de manera definitiva. Ya no sólo 10 años, porque pasa el castigo, pero no las mañas. La sanción debe ser de por vida, que no vuelvan al sector público”.
La diputada se pronunció por una reglamentación que
haga responsables a los funcionarios del sector público de la irresponsabilidad de las empresas que se contratan, de las concesiones y de las licitaciones que se otorgan.
La representante del PRI en la Comisión de Vigilancia se dijo segura de que, con la actual administración federal, “empecemos a limpiar a fondo todos esos desfalcos”.