*PAN y PRD proponen que la nueva Fiscalía tenga un presupuesto más grande que el de la SEIDO…
CIUDAD DE MÉXICO.
Panistas y perredistas en el Senado quieren que la nueva Fiscalía Anticorrupción tenga un presupuesto superior al que se asigna a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), e incluso mucho más que la Fepade, para que, auxiliada de oficinas regionales, persiga este delito entre servidores públicos y particulares en todo el país.
Los grupos parlamentarios del PAN y el PRD quieren que esta nueva Fiscalía maneje un presupuesto de al menos 658 millones 742 mil 678 pesos; la SEIDO tiene asignado un presupuesto para este año de 628 millones 528 mil 829 pesos, porque desde su perspectiva, el combate a la corrupción debe ser una tarea equiparable al combate a las bandas criminales.
La propuesta de panistas y perredistas es que se garantice por ley que la PGR entregará al menos el cuatro por ciento de su presupuesto anual a esta Fiscalía.
De acuerdo con Armando Ríos Piter, quien encabeza la negociación del tema anticorrupción por parte del grupo parlamentario del PRD, desde la semana pasada esta propuesta ya forma parte del dictamen que presentará en breve la Comisión de Justicia del Senado, que es la responsable de esta parte en la construcción del entramado legal del combate contra la corrupción.
Hoy lunes, el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana entregará a Armando Ríos Piter, del PRD, y a Marcela Torres o Juan Carlos Romero Hicks, del PAN, la propuesta del nuevo documento, con la integración de algunas de las propuestas que volvieron a plantear panistas y perredistas, pero que varias de ellas carecen del respaldo de al menos 20 senadores panistas, que avalan el documento construido entre el PRI, Partido Verde y organizaciones sociales.
Tanto el PAN como el PRD han puesto como condición sine qua non que se cuente con la reforma a la Ley Orgánica de la PGR para dar la estructura que necesita la Fiscalía Anticorrupción, ordenada por la más reciente reforma política, así como los cambios al Código Penal Federal para crear tipos penales específicos para los actos de corrupción, a pesar de que gran parte de las conductas a sancionar, como cohecho, extorsión, chantaje y soborno, ya forman parte del Código.