CIUDAD DE MÉXICO, 27 de marzo.- México enfrenta “una grave crisis de seguridad”, pero es “exagerado” pensar que sea un Estado fallido o que sufra de la insurgencia, indicó un reporte del Transborder Institute (Instituto Transfronterizo) de la Universidad de San Diego, California.
El documento sostiene también que, en buena medida, debido a la estrategia gubernamental, el crimen “organizado” pasó a “desorganizado”, aunque esto implica un reto por la dispersión de la violencia.
El texto precisó que la tasa de homicidios en México es “incómodamente elevada” (18 por cada cien mil habitantes), pero “palidece en comparación” con las cifras en Honduras (82), El Salvador (66), Venezuela (49), Belice (41) y Guatemala (41), Colombia (33), Bahamas (28), Brasil (22), y Puerto Rico (26). De acuerdo con los autores, los niveles de homicidio en México son sin duda mucho mayores que hace una década, pero son promedio en comparación con el resto de las Américas.
El documento precisó que la violencia en 2011 fue mayor y más generalizada que en años anteriores, por lo que no puede ser ignorada, pero también anotó que 70 por ciento de los hechos violentos atribuidos al crimen organizado ocurrieron en ocho estados y 24 por ciento en cinco ciudades.
En 2010, tres estados (Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas) contaron por más de la mitad del total nacional, pero en 2011 los tres estados al tope, con Nuevo León en lugar de Tamaulipas, contaron por 41 por ciento de la violencia”, consignó.
Aunque en gran parte la violencia puede ser atribuida a una mayor competencia entre las organizaciones de tráfico de drogas, estos conflictos se ven agravados por los esfuerzos del gobierno.
Durante los últimos cinco años, la administración del presidente Felipe Calderón ha desarrollado una acción directa para romper los cárteles más poderosos del país en pedazos más pequeños y más manejables.
La premisa es que esa fragmentación es necesaria para transformar las organizaciones de tráfico de drogas de una amenaza a la seguridad nacional en un problema de seguridad pública local.
El Transborder Institute cuestionó esa estrategia, ya que en su opinión sería probable que grupos criminales más pequeños y menos organizados sean más volátiles y por tanto un mayor peligro público.
De hecho, el informe indicó que el crimen en México pasó ya de “organizado” a “desorganizado”, ante la intensificación de los conflictos entre las facciones y los grupos disidentes.
De acuerdo con el análisis, el resultado primario de esa situación es que la violencia en México está cada vez menos concentrada geográficamente, afecta a un mayor número de municipios y hay un creciente número de bajas en las ciudades pequeñas y medianas del país.
Estas tendencias, a su vez tienen un efecto mucho más generalizado en los ciudadanos comunes en México.
“La tendencia hacia una violencia masiva, ampliamente dispersa, representa un reto significativo en la medida que el gobierno federal ha confiado en grandes despliegues de fuerzas para restablecer el orden en áreas donde se había concentrado elevadamente”, precisó el documento.
“Esta tendencia pone de relieve la urgente necesidad de fortalecer la capacidad y la integridad de las agencias estatales y locales del orden público, así como los tribunales y penitenciarías para hacer frente a la creciente amenaza de la violencia localizada”, agregó el reporte firmado por Viridiana Rios, David Shirk y Cory Molshan.
En sus conclusiones, los autores recomendaron una mayor concentración de recursos y atender los desafíos de la reforma de las policías locales, reformas judiciales a nivel estatal, y una reforma penitenciaria en todos los niveles.
El informe advirtió, sin embargo, que si bien los grupos del crimen organizado se han fragmentado y fraccionado, “al menos una poderosa organización de la droga (el cártel de Sinaloa), permanece relativamente poco afectada por las detenciones del gobierno de alto nivel y conserva una enorme capacidad para llevar drogas a Estados Unidos”.
De acuerdo con el Instituto Transfronterizo, otras organizaciones como Los Zetas han perdido capacidad y por tanto han recurrido a una variedad de actividades ilícitas para obtener beneficios, incluidos los secuestros, la extorsión y el robo de varias formas (por ejemplo, la “ordeña” de oleoductos).
Debido a la tendencia de este último, los autores se pronunciaron por la reevaluación de las estrategias que priorizan el éxito en la lucha contra el narcotráfico por encima de los esfuerzos en favor de la seguridad básica de los ciudadanos comunes.
En el documento hicieron notar también que ante la persistencia del tráfico de drogas, las cada vez mayores críticas a la guerra contra las drogas y el aumento de apoyo público a la legalización de las drogas, México y Estados Unidos “deben trabajar con otros socios de la comunidad internacional para examinar los posibles costos, beneficios e implicaciones de salud pública de consumo de drogas legales”.