La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo los amparos promovidos por Israel Arzate Meléndez acusado de participar en la masacre en Villas de Salvarcar, Chihuahua, cuya defensa argumenta que en su caso existieron graves violaciones a los derechos humanos desde su detención.
Arzate Meléndez fue detenido 3 días después de la matanza de adolescentes en Salvácar por elementos del Ejército y trasladado a instalaciones militares de Ciudad Juárez con los ojos vendados, donde fue víctima de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes durante más de 24 horas, de acuerdo con las demandas de amparo.
A propuesta del ministro Arturo Zaldívar, la primera sala de la corte consideró que el asunto reúne los requisitos de relevancia y trascendencia para ser resuelto por el máximo tribunal, ya que plantea el análisis de violaciones a derechos constitucionales como el debido proceso y de presunción de inocencia.
En la demanda de amparo se establece que Arzate de 26 años recibió choques eléctricos en el pecho y el abdomen y le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza para producirle asfixia, además de permanecer incomunicado, actos que fueron confirmados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El centro de derechos humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», que lleva la defensa de Arzate Meléndez precisó que el joven detenido el 3 de febrero del 2010 alrededor de las 18:30 horas, fue presentado hasta el día siguiente a las 23:50 por los militares que lo detuvieron en supuesta flagrancia unas horas antes.
Los militares pretendieron justificar la detención asegurando que habían encontrado al inculpado en posesión de una camioneta tipo Jeep con reporte de robo y pese a las inconsistencias su detención se calificó de legal y se reportó la realización de un examen médico en el que no se acreditaron lesiones.
Pese haber sido puesto a disposición del ministerio publico, Israel Arzate quedó bajo custodia de las fuerzas armadas en la guarnición militar de Ciudad Juárez, donde el 5 de febrero realizó una diligencia en la que bajo torturas física y psicológica, amenazaron violar a su esposa y fue obligado a auto inculparse por el homicidio de 15 personas y de tentativa de homicidio de otras diez, de acuerdo con la demanda.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado su interés en este caso por las graves violaciones que se denuncian en el mismo.