*Analizarán próximamente si es constitucional o no el que se imponga la prisión vitalicia quien comete homicidio en contra de tres o más personas…
CIUDAD DE MÉXICO, 29 de abril.- Los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizarán, próximamente si es constitucional o no el que se imponga la prisión vitalicia quien comete homicidio en contra de tres o más personas.
Será la Primera Sala del máximo tribunal del país la que, a propuesta del ministro José Ramón Cossío, resolverá si el segundo párrafo del artículo 127 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que contempla la cadena perpetua para estos casos, se apega a lo estipulado por la Carta Magna.
El análisis involucra temas tan relevantes, social, jurídica y políticamente hablando, como la posibilidad de que, en un estado Constitucional se permita que una persona pueda ser proscrita de la sociedad por el resto de su vida, mediante una medida carcelaria, naturalmente, sin ninguna posibilidad de reinserción”, plantearon los ministros.
De esta forma, los cinco integrantes de la Primera Sala analizarán analizar la prisión vitalicia bajo diferentes perspectivas tales como la justificación de política criminal, la proporcionalidad de las penas, los bienes jurídicos tutelados y los fines de la pena. Además, se tendrá la oportunidad de determinar si estas políticas se encuentran dentro de los parámetros que la Convención Americana de Derechos Humanos y la propia Corte Interamericana señalan a propósito del poder punitivo del Estado.
En otros asuntos, este miércoles el tribunal constitucional aceptó un recurso promovido por una estudiante de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en contra del acuerdo que establece las cuotas de inscripción y reinscripción, mismas que de no pagar, le generarían un daño irreparable, al no poder continuar con sus estudios.
Además se reasumió su competencia para conocer de un amparo en el que se cuestiona la validez del Artículo 165 del Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, que amplía el concepto de flagrancia previsto en la Constitución.