A un año del anuncio de que el Seguro Popular cubriría los trasplantes de riñón en niños menores de 18 años, no se ha realizado ninguno, e incluso los 183 millones de pesos que fueron autorizados por la Cámara de Diputados, no se usaron.
Gabriel O’Shea Cuevas, comisionado nacional de Protección Social en Salud, confirmó lo anterior y aseguró que el dinero está disponible desde el año pasado, pero faltaba la acreditación de los hospitales.
Además, aclaró que estos recursos sólo son para trasplantes de riñón, lo que no incluye los medicamentos inmunosupresores (que deben de tomarse de por vida, ya que evitan que el órgano trasplantado sea rechazado por el organismo). Reconoció que para muchos pacientes resulta caro pagar cada mes más de 6 mil pesos por estas medicinas.
Entrevistado al término de la celebración del Día Mundial del Riñón, el responsable del Seguro Popular adelantó que se realizan los estudios actuariales para que se les pague los inmunosupresores a los niños sometidos a un trasplante de riñón.
Además, que también se analiza cubrir la hemodiálisis y la diálisis peritoneal en niños menores de 18 años a más tardar en este año.
Desde su análisis, “sería muy irresponsable que yo trasplante niños sin el medicamento, porque para poder vivir con ese riñón, necesitan toda su vida tomar ese medicamento”. Gabriel O’Shea afirmó que cuando se les aseguren a esos niños las terapias sustitutivas, el trasplante y los medicamentos, será el momento que ya se cubra totalmente esta enfermedad. Estimó que son cerca de 300 niños con insuficiencia renal crónica los que se verán beneficiados con un trasplante de riñón.
¿Y en adultos?, se le preguntó. “Yo dependo del presupuesto del Seguro Popular que para este año es de 66 mil millones de pesos; espero que la Secretaría de Hacienda y la reforma nos oxigenen para obtener más dinero”, dijo.
Aclaró que los trasplantes de riñón en niños, que se realizaron el año pasado, no fueron cubiertos por el Seguro Popular, sino que fueron pagados con los recursos de los propios hospitales donde se llevaron a cabo. Los hospitales donde se llevaron a cabo estos trasplantes fueron, el Hospital Infantil Federico Gómez, con 35, y el Instituto Nacional de Pediatría, donde se realizaron 12 trasplantes de riñón.
Al reunirse con organizaciones de la sociedad civil como Sólo por Ayudar y Asociación ALE, Mercedes Juan López, secretaria de Salud, informó que se busca ir dando los pasos para cubrir en la medida de las posibilidades a más pacientes con insuficiencia renal crónica. Pero, agregó, “no podemos ofrecer algo, que no se pueda cumplir”.
Reconoció que los tratamientos sustitutivos (hemodiálisis y diálisis peritoneal) representan altos costos, mientras que el trasplante renal es una preocupación. “Tenemos que mejorar la cultura de la donación y hacer más ágil la procuración de órganos y el proceso de trasplante. Vamos atrasados, por ejemplo, con países como España”, admitió la funcionaria, quien se comprometió a agilizar el reglamento a la Ley General de Salud en materia de trasplantes y donación de órganos.
Durante su intervención, Roberto Tapia Conyer, director general del Instituto Carlos Slim para la Salud, evidenció que de nada sirve tener una ley aprobada hace un par de años, si no se cuenta con el reglamento requerido. “Ustedes saben que si una ley no tiene un reglamento, literalmente es letra muerta”, manifestó.
En su oportunidad, Mikel Arriola, responsable de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, indicó que se impulsa de forma importante la autorización de medicamentos inmunosupresores con la liberación de fármacos tanto innovadores como genéricos.
Adriana Castro Valverde, de la asociación ALE, dijo que ante el impacto social y económico que representa la insuficiencia renal crónica, es necesario fortalecer las estrategias integrales de cobertura universal, prevención, diagnóstico oportuno y acceso a tratamientos innovadores.
Indicó que hay 142 pacientes por millón de habitantes que padecen la enfermedad renal en etapa cinco y casi 129 mil requieren de algún tratamiento de reemplazo renal.
Las asociaciones civiles presentaron una propuesta de política pública renal, basada en: prevención, calidad en los servicios de salud, colaboración con autoridades y concientización de la sociedad.