CIUDAD DE MÉXICO, 18 de junio.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, advirtió que los servidores públicos están obligados a rendir cuentas ante los ciudadanos, por lo que la protección de sus datos personales «debe ceder racionalmente» frente al interés público.
Al perfilarse el rechazo de la mayoría de los ministros en el pleno de la Corte a hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos dentro del amparo en revisión 599/2012, el ministro presidente consideró que el derecho a la información pública es un instrumento de los ciudadanos para convertirse en «vigilantes eficientes» de sus autoridades y con ello, prevenir posibles actos de corrupción.
«A través del acceso a la información la sociedad puede convertirse – y eso es muy importante para mí – en un eficiente vigilante de las autoridades que están a su servicio, que se deben a la sociedad y que deben de rendirle cuentas de su desempeño y también del manejo y aprovechamiento de los recursos estatales que reciben, de toda índole y con cualquier origen», señaló.
En su exposición, desarrollada casi al final de la sesión de este martes donde quedó pendiente la votación del caso, Silva Meza respaldó el proyecto del ministro José Ramón Cossío, el cual propone declarar inconstitucional el artículo 40 párrafo tercero de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos porque deja al consentimiento del funcionario público difundir o no su contenido.
El ministro presidente indicó que su posición no se trata de «un discurso» sino de una forma para fortalecer el estado democrático en México a través de una sociedad informada.
Reconoció que si bien en una declaración patrimonial hay datos personales de los servidores públicos, «debe ponderarse» el nivel de daño que causaría o no difundirlo frente a una exigencia ciudadana de escrutinio al ejercicio de gobierno.
«Las pruebas de daño y de interés público arrojan que la información contenida en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, específicamente en el caso concreto, es información privada y así la considero a pesar de que este en posesión de una autoridad, y como tal debe protegerse ponderadamente; pero la privacidad de ciertos datos ahí contenidos, no de todos, debe ceder ante una exigencia de interés público consistente en la transparencia de la gestión pública», sostuvo.
La argumentación de Silva Meza se dio después de que seis de los once ministros expusieron su rechazo a la propuesta de sentencia por considerar que la protección de los datos personales está por encima del principio de máxima publicidad de la información pública.
Entre ellos, se encuentran los ministros Margarita Luna Ramos, Luis María Aguilar, Mario Pardo Rebolledo, Alberto Gelacio Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
En tanto que Cossío Díaz, Silva Meza, Sergio Valls Hernández y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea han manifestado su voto a favor del proyecto que será votado el próximo jueves una vez que el ministro ponente de respuesta a cada uno de los alegatos de sus compañeros.