Hasta 79 por ciento de los inmigrantes en proceso de deportación en Estados Unidos carecen de abogado y 27 por ciento se presentan ante jueces sin ninguna representación legal, denunció hoy en editorial el diario The New York Times.
Al retomar el reporte Cardozo Law Review, el matutino advirtió que la situación de los extranjeros detenidos en proceso de deportación puede agravarse porque el Congreso no aprobó fondos para aumentar abogados de oficio o para que las cortes asignen abogados defensores.
El reporte Cardozo se refiere al caso del estado de Nueva York, pero de acuerdo con el diario «difícilmente es el único con este problema».
Las resoluciones de los jueces de cinco tribunales en Nueva York indican que en la mitad de los casos que llegaron a tener representación legal, los inmigrantes fueron mal aconsejados por sus abogados.
En 14 por ciento de esos casos que sí tuvieron defensa, la preparación de casos «estuvo claramente inadecuada», según los propios magistrados.
Unos 15 mil inmigrantes que iban a ser deportados tuvieron que presentarse ante jueces de migración sin abogados entre octubre de 2005 y julio de 2010, mientras 66 por ciento de los que aguardaban audiencia carecía de abogado defensor.
En contraste y siempre de acuerdo con el reporte, 67 por ciento de los que contaron con abogados defensores pudo permanecer en el país luego de estar en proceso de deportación; solo 8.0 por ciento fue expulsado de Estados Unidos.
El diario destacó que la falta de abogados para inmigrantes es parte de un creciente problema de escasa representación legal que afecta a los estadunidenses en general en casos civiles de embargos, desalojos y custodia de hijos, entre otros.
Criticó que el Congreso haya respondido a la creciente necesidad de abogados de oficio con una reducción de presupuesto para esa área.
The New York Times comentó sin embargo que es posible mejorar, ya que la administración del presidente Barack Obama anunció el mes pasado una revisión a todos los casos de deportación.
Opinó también que las barras de abogados pueden financiar programas en los que estudiantes pasantes de leyes se dediquen de tiempo completo a representar casos de migración.